El Sexto Juzgado Constitucional ha decidido este jueves 12 de octubre conceder la medida cautelar pedida por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en oposición a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Además, ha ordenado de manera temporal la inmediata paralización de las indagaciones preliminares realizadas por la JNJ contra esta misma en los expedientes N°001-2023-JNJ y N°008-2023-JNJ (acumulados), así como todas las acciones resultantes de las denuncias e indagaciones preliminares realizadas por esa institución.
En consecuencia, el 5 de octubre de 2023, el mencionado juzgado emitió una sentencia que establece un precedente significativo respecto a las actuaciones de la JNJ. En esta sentencia se declara fundada la demanda de amparo presentada por Elvia Barrios Alvarado contra la JNJ. Se ha acreditado que hubo una vulneración a la debida motivación, tipicidad y prescripción. Además, se dictaminó que la JNJ debe anular la resolución N° 009-2023-PLENO-JNJ del 3 de febrero de 2023. En ella se establecía la responsabilidad disciplinaria de Elvia Barrios Alvarado y se le imponía una suspensión de 60 días en su cargo como jueza titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, entre otras sanciones.
Revocación de Medidas
El 5 de octubre pasado, la Tercera Sala Constitucional de Lima tomó una inesperada decisión al invalidar la medida cautelar dictada el 29 de agosto por el Sexto Juzgado Constitucional en favor de Patricia Benavides, fiscal de la Nación. Dicha medida buscaba detener las investigaciones de la Junta Nacional de Justicia en su contra. La Sala expresó que el juzgado original no había detallado adecuadamente cómo se habían infringido los derechos de Benavides, alegados como presuntamente vulnerados.
Se pudo argumentar que la resolución apelada era nula debido a la falta de claridad en los requisitos establecidos por los artículos 18° y 19° del nuevo Código Procesal Constitucional. En consecuencia, el tribunal ordenó al Sexto Juzgado Constitucional de Lima emitir un nuevo dictamen, siguiendo las directrices de la resolución y garantizando la rapidez en el proceso.
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Declaración ante la Comisión de Justicia
La fiscal de la Nación asistió al Congreso tras ser convocada para abordar una posible filtración de información. La citación se dio luego de que el portal IDL-Reporteros publicara en agosto un informe preliminar supuestamente elaborado dentro de la JNJ, sugiriendo un proceso disciplinario en su contra.
Destacado en su intervención, Benavides mencionó que en respuesta a este suceso, interpuso una demanda de amparo y ha acudido al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional para salvaguardar su derecho a la defensa.
Por otro lado, el abogado de la Fsical de la Nacion, Anibal Quiroga, señaló que los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vásquez, no mantienen ‘imparcialidad’ en los procesos investigativos de su defendida. Afirmó que tanto Tello como Vásquez han filtrado información y expresado opiniones en medios de comunicación acerca de las investigaciones en curso.
«El abogado afirmó que tanto Tello como Vásquez han mostrado una clara inclinación y en los últimos tres días han intensificado la actividad de la Junta para avanzar en los procesos, a pesar de que aún estaba pendiente la nueva resolución del juzgado», declaró.
Además, Quiroga indicó que la fiscal de la Nación responderá por todas las investigaciones que estén en manos de la JNJ, siempre y cuando esté conformada por magistrados que demuestren una imparcialidad total en su labor. Resaltó que esto es un derecho constitucional de Benavides y subrayó que es fundamental que quienes llevan a cabo investigaciones, ya sea en la esfera administrativa, fiscal o judicial, mantengan la imparcialidad necesaria.
Por ello, recurrió a la vía judicial y constitucional para defender este legítimo derecho a la defensa, un derecho que corresponde a todos los peruanos por igual.
Controversias Institucionales
Ante la pérdida gradual de influencia en distintas esferas institucionales, comenzando por el Ministerio Público, un grupo se ha focalizado en atacar a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien desempeñó un papel relevante en las investigaciones relacionadas con Castillo.
En este escenario, la fiscal acumula no menos de 22 denuncias ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que al parecer ya habría tomado una decisión predeterminada de destituirla, según ha trascendido a través del medio IDL-Reporteros, en relación al caso de traslado de la fiscal que investigaba a su hermana.
Frente a esta situación, la fiscal de la Nación presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial, argumentando la ausencia de un debido proceso e imparcialidad. Esta acción le otorgó una medida cautelar que suspende las investigaciones en su contra mientras se resuelve la solicitud de fondo. Paralelamente, ha planteado una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional (TC), sosteniendo que las decisiones administrativas inherentes a su función no pueden ser objeto de investigación por parte de la JNJ.
Si hay abuso por parte de la JNJ, este debe esclarecerse ante el Poder Judicial y el TC. No obstante, el Congreso también ha intervenido, aprobando una investigación sumaria contra todos los miembros de la JNJ con miras a destituirlos, pero por motivos diferentes. El artículo 157 de la Constitución faculta al Congreso a destituir a los miembros de la JNJ por falta grave, siempre y cuando se siga un debido proceso y se demuestre realmente la existencia de dicha falta grave.
Así actuó en 2018 al destituir a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, en un caso que involucraba no solo faltas graves, sino también presuntos delitos como tráfico de influencias relacionados con ciertos grupos y corrupción en nombramientos de fiscales y jueces, entre otros. A los miembros de la JNJ se les imputa principalmente haber solicitado al Congreso que reflexione sobre la posible destitución de Zoraida Ávalos y supuestas gestiones ante la Corte Suprema en su favor.
Es cierto que la mayoría de los miembros de la JNJ están asociados a un grupo específico. Sin embargo, esto no puede considerarse como una justificación para un despido.
Es fundamental recordar que estas personas fueron seleccionadas tras un concurso público de méritos organizado por una comisión especial, presidida por el entonces defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, e integrada por el presidente del Poder Judicial, la fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el contralor general de la República y los representantes de universidades públicas y privadas.
