Según una encuesta realizada por la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo (CID Gallup) en 13 países de la región, Perú ocupa el primer lugar en el ranking de percepción de criminalidad en América Latina. El sondeo revela que el 87 % de los peruanos siente que la criminalidad está en aumento, seguido por Ecuador con el mismo porcentaje.
La encuesta se realizó en setiembre de este año a través de llamadas telefónicas y entrevistas presenciales. El estudio muestra que la población peruana es la que ha experimentado un mayor incremento de la delincuencia en los últimos meses en comparación con otros países latinoamericanos.
Aumento de la criminalidad
La encuesta de CID Gallup muestra que después de Perú y Ecuador, los países con mayor percepción de aumento de la criminalidad son Costa Rica (82 %), Panamá (72 %), Argentina (68 %), Colombia (67 %), República Dominicana (59 %), Nicaragua (55 %), Guatemala (54 %), Honduras (49 %), México (41 %), Venezuela (31 %) y El Salvador (3 %).
De acuerdo con el estudio, el 87 % de peruanos siente temor debido al aumento de la delincuencia en el país. Asimismo, un sondeo de IEP señala que en Lima y Callao la victimización por delitos se ha incrementado en 2,6 % a pesar de la vigencia de estados de emergencia.
Algunos expertos afirman que el aumento de la criminalidad y la presencia de grupos delictivos vinculados a extranjeros podrían ser el inicio de un conflicto interno en el país. Ante esta situación, se plantea que el Estado debe reaccionar desde la educación y la prevención para evitar que esta problemática se agrave.
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Enfrentamientos contra extranjeros
Según la encuesta de CID, el 61,5 % de los encuestados atribuye los actos delictivos a venezolanos, lo que indica una asociación negativa entre la presencia de aquellos migrantes y el aumento de la delincuencia en el país. Además, el 81,5 % de los encuestados considera que los venezolanos que cometen delitos en Perú deberían ser expulsados.
En distritos como La Victoria, los vecinos han protagonizado enfrentamientos contra venezolanos a los que acusan de extorsiones y cobros de cupos. Incluso se han difundido panfletos advirtiendo a extranjeros que serán expulsados si no abandonan la zona.
Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó a través de ‘X’ que su país tiene la tasa de criminalidad más baja de América Latina con apenas un 3% según la encuesta. También fue una forma de destacar los resultados positivos de su Plan Bukele en la reducción de la criminalidad.
Adaptación del crimen organizado
Cabe destacar que los grupos delictivos en la región se han adaptado al contexto económico que se debilitó durante la pandemia de Covid-19. El Tren de Aragua es ejemplo de ello al rotar funciones para evitar capturas, consolidarse en Sudamérica diversificando actividades, imponerse mediante asesinatos y torturas brutales, y aprovechar la pandemia para captar nuevos integrantes ante el aumento de la pobreza.
El «gota a gota» es un fenómeno que recientemente ha incrementado su presencia en el sur de Chile. Además, esta modalidad de extorsión no era usual en Venezuela, pero los miembros del Tren de Aragua han logrado diversificarla por toda América del Sur. En el caso peruano han aumentado extorsiones y secuestros, y permanece el conflicto de bandas transnacionales por el control de territorios donde opera la trata de personas.
Fernando Rodríguez, de «La Nación» de Argentina, afirma que mientras los estados latinoamericanos no combatan eficazmente el lavado de dinero, las organizaciones criminales seguirán delinquiendo y canalizando su dinero ilícito al sistema formal a través de canales opacos.
En síntesis, los pilares que sostienen la continuidad de las actividades criminales en la región son la impunidad, corrupción, lavado de dinero y debilidad estatal. La falta de investigaciones y castigos efectivos, unida a la protección que brindan los sobornos y lazos con funcionarios, permiten que las organizaciones operen con tranquilidad y financien sus negocios ilegales. Lamentablemente, hasta la fecha las instituciones carecen de recursos para combatirlas de manera coordinada.
