Perú recibe un nuevo golpe: el fenómeno inflacionario mundial. El hecho ha alertado al Banco Central de Reservas del Perú (BCRP), debido a que en el mes de marzo el país registró la tasa de inflación más alta de los últimos 26 años. Cabe señalar que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania acentuó la crisis económica del territorio nacional.
Lo anteriormente mencionado desencadenó un repunte del precio de los combustibles y alimentos. Frente a este contexto, el BCRP definió su posición para hacerle frente a la inflación en nuestro país y viene ejerciendo una política monetaria contractiva desde agosto de 2021; la cual se demuestra en el aumento por novena vez consecutiva de la tasa de interés, estableciéndose en un 4,5 %.
Ciudadano afectado por la denominada inflación
Ante el aumento de precios, el poder adquisitivo se ha visto afectado. En esa misma línea, Apoyo Consultoría estimó que, en 2021, el costo de la canasta básica de alimentos para una familia de cuatro miembros se incrementó en S/ 42 frente a 2020, situándose en S/ 806. Asimismo el estudio muestra que tal incremento afecta directamente a las personas de los niveles socioeconómicos D y E, pues representaba un día más de trabajo cada mes para cubrir el nuevo monto.
Aunque aún no se cuenta con estimaciones sobre el costo de la canasta básica para 2022, es probable que este sea sustancialmente mayor, en un contexto en que los precios de los combustibles y del transporte de bienes y productos importados encarecen los fletes marítimos. Por ejemplo, el precio del saco de úrea, principal fertilizante sintético usado en el Perú, pasó de costar S/ 65 en octubre a S/ 210 al final del año pasado, según lo mencionado por la Asociación Peruana de Productores de Arroz. Inclusive, señalan que, actualmente, el precio rodea los S/ 270. Ello tiene un impacto directo en los precios de alimentos y, por ende, encarece el costo de la canasta básica.
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¿El rubro alimenticio sufrirá consecuencias a causas de la inflación?
En el caso peruano, la inflación anual de alimentos y bebidas registrada en febrero fue del 7.9 %. Al analizar el desempeño de las importaciones de productos alimentarios se encontró que, en términos de volumen, estas han disminuido; no obstante, su valor incrementó. En otras palabras, se está importando menos, pero más caro.
El Estado y sus medidas, ¿cuál será el sector afectado?
Vamos en primer lugar con el aumento de la remuneración mínima vital. El Gobierno aumentó la mencionada de S/ 930 a S/ 1,025. Sin embargo, dadas las características estructurales de nuestra economía, esta medida no beneficiaría al grueso de la población, mejor dicho podría verse afectado el sector empresarial. En 2021, la tasa de empleo informal a nivel nacional alcanzó el 76.8 %, de acuerdo con el INEI. Por lo que solo alrededor del 20 % de los trabajadores peruanos se vería beneficiado por este aumento. Por ende, urge pensar en otro tipo de medidas temporales que brinden alivio efectivo a los hogares de menores ingresos.
Luego, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de reducir el pago del Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles hasta en un 90 % y excluirlos del pago de Impuesto General a las Ventas de forma temporal. Con la reducción de costos de los combustibles en planta se esperaría que los precios que pagan los consumidores finales disminuyan entre S/ 3 y S/ 4 por galón.
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Buscando culpables, ¿existen?
El contexto internacional que desencadena la inflación escapa de las manos del BCRP y del Gobierno. No obstante, habiendo analizado la situación económica, parte de ellos facultar medidas temporales para reducir el costo de vida, sin caer en políticas pasadas fallidas, evitando que el ciudadano se vea afectado.
Asimismo, el Ejecutivo presentó recientemente un proyecto de ley que no solo prohibirá la existencia de los monopolios y oligopolios en el país, sino que también incluirá la especulación y la concertación de precios. Algo un tanto contradictorio, según las declaraciones manifestadas en distintos medios de comunicación.
Finalmente, esperemos que estas propuestas puedan contrarrestar los efectos inflacionarios para seguir el rumbo del rango meta (3 % a 5 %) y que se pueda percibir el cambio en las familias.
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