El Congreso de la República del Perú se encuentra en proceso de evaluación de un Proyecto de Ley presentado por el congresista Wilson Soto, del partido Acción Popular, orientado a restablecer la inmunidad parlamentaria. Los defensores de esta medida argumentan que su propósito es resguardar la independencia del poder legislativo y asegurar que los representantes puedan desempeñar sus responsabilidades sin preocupaciones sobre posibles represalias políticas. Sin embargo, surge la interrogante: ¿realmente esta medida protege la independencia del poder legislativo o podría representar un obstáculo para la rendición de cuentas?
El PL presentado por Wilson Soto deberá ser debatido en la Comisión de Constitución. La propuesta, respaldada por otros parlamentarios como Darwin Espinoza, Elvis Vergara y José Arriola, ingresó a la mesa de partes del Congreso en agosto de 2023.
Antecedentes: La reforma de 2021
La inmunidad parlamentaria fue un tema de debate en el ámbito político peruano durante mucho tiempo. Esta figura, prevista en la constitución como una garantía institucional, fue objeto de críticas y controversias debido a su potencial para ser utilizada de manera indebida. En 2021, el Perú realizó una reforma constitucional que eliminó la inmunidad parlamentaria.
La inmunidad parlamentaria, concebida para proteger el funcionamiento del Congreso y a los congresistas contra intenciones políticas, fue parte integral del sistema político peruano. Regulada en el Art. 93 de la Constitución, otorgaba a los congresistas la protección contra el procesamiento penal o la prisión sin autorización previa del Congreso o la comisión permanente. Sin embargo, su interpretación por parte del Tribunal Constitucional generó controversia al limitar su aplicación solo a delitos comunes, excluyendo los delitos de función.
La necesidad de reformar esta figura se hizo evidente, y para ello se requería una reforma constitucional. Dos caminos se presentaron: (1) Votación en el Congreso seguida de un referéndum, o (2) Dos votaciones sucesivas en el Congreso con más de dos tercios de los votos. La opción elegida fue la que finalmente se dio.
Esta medida buscó fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar la igualdad ante la ley, asegurando que los congresistas fueran responsables de sus acciones y no estuvieran exentos de la ley. Aunque se mantuvo el antejuicio político como protección para los congresistas en caso de denuncias por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, esta reforma marcó un cambio significativo en la forma en que se abordaba la responsabilidad de los representantes electos.
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Detalles de la propuesta que se pondrá a debate
El proyecto surge en respuesta a la Ley 31118, promulgada en 2021, que eliminó la inmunidad parlamentaria solo para los congresistas, dejando intacta la protección para otros altos funcionarios. Esta medida ha generado debate sobre la necesidad de restaurar esta prerrogativa para los legisladores. La inmunidad parlamentaria se concibe como un mecanismo para proteger a los legisladores de potenciales «procesos judiciales injustos» o motivados por intereses políticos.
El proyecto de ley propone reformas, como la implementación del silencio positivo en el procedimiento y la limitación temporal de la inmunidad parlamentaria a los delitos cometidos durante el ejercicio del cargo. Estas reformas en teoría buscarían garantizar un equilibrio entre la responsabilidad de los parlamentarios y su protección legal.
Los proponentes del proyecto de ley aseguran que su implementación no generará un aumento significativo de gastos para el Estado. Argumentan que la restauración de la prerrogativa del antejuicio parlamentario, en lugar de representar impunidad, fortalecerá tanto al Congreso de la República como a la sociedad en general. Sostienen que esta medida permitirá que el Congreso tome decisiones sin sucumbir a presiones externas, lo que contribuirá a una mejor capacidad para cumplir con sus funciones de representación, fiscalización y legislación en beneficio del país.
El proyecto propone modificar el Art. 93 de la Constitución para establecer que los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la comisión permanente durante el ejercicio de su mandato, excepto por delito flagrante, en cuyo caso serían puestos a disposición del Congreso o de la comisión permanente dentro de las 24 horas siguientes para que decidan sobre su situación.
Proyecto de Ley Nro 5652/2023-CR
Inmunidad o impunidad
El retorno de la inmunidad parlamentaria ha desatado un intenso debate en diversos sectores. Esta prerrogativa, que protege a los legisladores de ser procesados o arrestados por delitos mientras ejercen sus funciones, plantea importantes interrogantes sobre la separación de poderes y la rendición de cuentas en un sistema democrático. Por un lado, algunos defienden su reinstauración como una salvaguarda necesaria para preservar la independencia del poder legislativo y evitar persecuciones políticas que puedan entorpecer su labor.
Sin embargo, hay quienes expresan preocupaciones sobre el potencial abuso de esta protección legal. Se argumenta que la inmunidad parlamentaria podría ser utilizada como un escudo para la impunidad, permitiendo a los congresistas eludir la responsabilidad por conductas ilícitas, especialmente en casos de corrupción. Esta percepción plantea serias dudas sobre la efectividad y la integridad del sistema democrático, así como sobre la confianza pública en las instituciones gubernamentales.
Ante este panorama, el retorno de la inmunidad parlamentaria exige un cuidadoso análisis que considere tanto sus beneficios como sus riesgos. Es crucial encontrar un equilibrio que proteja la autonomía del poder legislativo sin comprometer la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio del poder. Cualquier decisión al respecto debe ser el resultado de un debate informado y transparente que tenga en cuenta los principios fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho.
