Una orden judicial reciente del juez federal Amir Ali ha puesto el foco en los esfuerzos de la administración de Donald Trump para reestructurar la ayuda exterior de Estados Unidos, especialmente a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Este fallo, emitido el 25 de febrero, obliga al gobierno a pagar fondos congelados antes de medianoche del 26 de febrero, reflejando un debate sobre la eficiencia del gasto en ayuda extranjera y las prioridades nacionales.
Ultimátum para pagar fondos
El 25 de febrero de 2025, durante una audiencia telefónica, el juez Amir Ali ordenó a la administración Trump pagar fondos de ayuda exterior a contratistas y beneficiarios de USAID antes de las 11:59 p.m. del 26 de febrero. Esta decisión responde a una demanda de organizaciones como DAI Global y HIAS, que argumentan que la congelación de fondos desde enero pone en riesgo sus operaciones. Ali expresó frustración por la falta de acción tras su orden previa del 13 de febrero, que ya exigía descongelar los fondos. La administración, que dice necesitar “varias semanas” para ajustar los pagos a sus metas, ha apelado al Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C., pero debe cumplir el plazo mientras el caso avanza. Con cerca de 2 mil millones de dólares en juego, este fallo subraya la urgencia de resolver el manejo de la ayuda.
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Contexto de la congelación
La orden judicial llega tras la decisión de Trump del 20 de enero de congelar la ayuda exterior por 90 días para evaluar su utilidad, una medida que detuvo operaciones de USAID y afectó contratos existentes. La administración sostiene que financiar proyectos sin un retorno claro para EE.UU. era poco responsable, especialmente frente a necesidades internas como infraestructura o seguridad. Este enfoque, parte de la visión “América Primero”, busca asegurar que cada dólar apoye intereses nacionales, cuestionando programas que podrían carecer de supervisión adecuada. La resistencia a descongelar los fondos, pese a órdenes previas, llevó al juez Ali a fijar este plazo estricto, destacando la tensión entre la revisión ejecutiva y las obligaciones legales.
Alcance y cumplimiento
El fallo de Ali exige que USAID y el Departamento de Estado paguen facturas y solicitudes de fondos por trabajos realizados antes del 13 de febrero, beneficiando a organizaciones que dependen de estos recursos. También prohíbe al gobierno impedir estos pagos y solicita documentos internos que muestren cómo se está cumpliendo la orden, con un reporte debido al mediodía del 26 de febrero. Aunque el gobierno de Trump ha liberado algo de dinero, como 250 millones de dólares esta semana, eso es solo una pequeña parte de lo que debe. Quieren apelar para tener más control sobre cómo y a quién pagan, pero el juez dijo que sus razones para no pagar todo ahora no son válidas y parecen excusas improvisadas.
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Un ajuste con ventajas posibles
La presión judicial no detiene el objetivo de Trump de reestructurar USAID, que incluye integrarla al Departamento de Estado bajo Marco Rubio. Este cambio podría ser positivo: reducir costos operativos y priorizar aliados estratégicos, manteniendo influencia global con menos gasto. Financiar todos los proyectos de USAID sin filtrarlos era visto como insostenible, dados los 40 mil millones de dólares anuales que maneja en 130 países, a menudo sin evaluación estricta. La orden obliga a pagos inmediatos, pero la revisión en curso podría llevar a un modelo más selectivo, liberando recursos para prioridades internas sin perder del todo la proyección internacional de EE.UU.
Impacto en Perú y más allá
El Perú ha recibido 321 millones de dólares en cinco años y la congelación ha afectado programas clave. Por ejemplo, el apoyo a 31,744 familias para reemplazar cultivos de coca por café era costoso frente a otras necesidades de Estados Unidos; ahora, Perú podría buscar socios privados. Proyectos ambientales y de gobernanza, aunque valiosos, también enfrentaban retos de justificación económica. La orden asegura pagos pendientes, pero la reestructuración podría fomentar autosuficiencia regional, con países como China potencialmente asumiendo roles de apoyo. Esto refleja un giro hacia una ayuda más estratégica, ajustada a los intereses de EE.UU.
