La Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público se pronunció respecto a la denuncia constitucional presentada por cinco congresistas contra la fiscal suprema titular Delia Espinoza.
Los congresistas Patricia Chirinos, Edgard Tello, Luis Aragón, Ilich López y Luis Cordero señalaron que la fiscal habría incurrido en los delitos de abusos de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones, solicitando su destitución e inhabilitación por 10 años.
Por ello, en el comunicado emitido en sus redes, indicaron que el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, el fiscal supremo Pablo Wilfredo Sánchez y la fiscal en mención sostuvieron una reunión extraordinaria el día de hoy, y sostuvieron que la presente denuncia «carece de sustento jurídico y fáctico».
El comunicado precisa que el fiscal de la Nación se excusó de investigar a la suspendida fiscal Patricia Benavides, al ver inminente su convocatoria como testigo en la investigación referida a la búsqueda de los votos de los congresistas para lograr la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
Asimismo, se indica que Sánchez Velarde respaldó la decisión optada por el fiscal de la Nación, por lo cual «se consideró que estaba en la misma situación por su participación en las juntas de fiscales supremos, donde incluso se solicitó su renuncia de la exfiscal de la Nación».
La Junta de Fiscales Supremos resalta que, a la fecha, ambos magistrados han declarado como testigos en las investigaciones que conduce la fiscal Delia Espinoza.
La denuncia constitucional
Los parlamentarios Patricia Chirinos, Edgard Tello, Luis Aragón, Ilich López y Luis Cordero formularon esta denuncia constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra la fiscal suprema
Ellos refieren que a la fiscal Delia Espinoza no le correspondía tomar la decisión de incorporar a 14 congresistas en las diligencias preliminares, ya que, según el artículo 1 de la ley 27399, sólo el fiscal de la Nación está «facultado para emitir la disposición de inicio de diligencias preliminares de investigación a los miembros del Congreso de la República».
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Consideran que se trata de una «violación del debido proceso» , luego de no delegarse la potestad de realizar las investigaciones pertinentes a la mencionada fiscal.
Ante ello, Delia Espinoza incurrió «en un acto de abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones, así como en infracción de la Constitución, dado que, simultáneamente, ha agraviado las garantías institucionales que rodean a la función parlamentaria».
