Agustín Lozano y toda su junta directiva son acusados por el delito de Administración Fraudulenta en agravio de los clubes de primera división. Según la investigación de la Fiscalía, la FPF habría realizado pagos ilícitos a algunos clubes de primera y segunda división y clubes departamentales.
Las acusaciones
El 15 de diciembre de 2022, el equipo número 3 de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada aperturó una investigación premiliminar contra el directorio de la FPF. En ese momento, fueron acusados por los delitos de extorsión, coacción y organización criminal en perjuicio de los clubes de primera división.
Dos semanas después, la misma entidad amplió la investigación por el delito de Administración Fraudulenta. Se presume que la FPF no habría comunicado su real situación administrativa, económica y financiera a sus miembros de la Asamblea de Bases.
Por otro lado, se les acusa de haber beneficiado económicamente a diferentes clubes de forma ilícita. «La presunta organización criminal, usando a la FPF, habría repartido a algunos clubes de fútbol profesionales de primera y de segunda y a los clubes departamentales de futbol, diferentes montos de dinero para que cancelen sus obligaciones y deudas», menciona el documento de la Fiscalía.
Adicional a ello, expone lo siguiente sobre Agustín Lozano. «En su calidad de presidente de la FPF, estaría haciendo uso indebido de los recursos económicos de la misma, al haber aprobado ilícitamente pagos por el monto de S/. 250,000.00 soles, a la Asociación de Fútbol Club Carlos Stein, Club Social Cultura y Deportivo Llacuabamba, Club Atlético Grau y a todos los equipos de segunda profesional, así no estaría sometiendo auditoría y estaría proporcionando datos que no es ajustan a la realidad durante los años 2019, 2020, 2021, a efectos de ocultar dicha disponibilidad».
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Lo que sigue para la FPF
Ahora, se ha designado a un perito contable para continuar con las investigaciones. Entre los muchos documentos solicitados a la FPF, se le exige brindar información sobre sus estados bancarios entre los años 2018 hasta 2022. También, se le solicitó los estatutos vigentes y los comprobantes de pago y medios de pago correspondiente a esas fechas.
