El presidente Jair Bolsonaro no se presentó este viernes a comparecer en persona a la Policía Federal de Brasilia con respecto a la investigación de la divulgación de documentos confidenciales. El mandatario tenía la orden de ir a declarar por parte del juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes. Moraes fue quien eligió la fecha del interrogatorio luego de que venciera el plazo para que el mismo Bolsonaro eligiera un día para declarar, prerrogativa que tiene por ser presidente.
El Abogado General de la Unión (AGU), Bruno Bianco, se presentó en lugar del presidente. Tras la intimación y faltando pocos minutos para la hora establecida, Bianco presentó un nuevo recurso, pidiendo que dispensen al mandatario del interrogatorio. El abogado sostiene que Bolsonaro tiene el derecho constitucional a no comparecer y pide que la decisión del juez sea revertida o evaluada por el plenario de once jueces del tribunal.
El juez rechazó la solicitud debido a que el plazo para apelar ya había concluido. La situación de Bolsonaro ahora se encuentra en manos de la Corte Suprema, la cual se encuentra en receso hasta el próximo martes. La ausencia del mandatario eleva las tensiones con el Poder Judicial.
Horas antes del interrogatorio, el presidente participó de un acto público en el cual se quejó de las «interferencias» de otros poderes de la Nación en el Ejecutivo. Además, aseguró que seguirá enfrentando dichas «interferencias», pero «siempre dentro del marco de la Constitución».
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Los documentos confidenciales
En 2018, durante una transmisión en vivo y en redes sociales, el presidente Bolsonaro publicó un informe policial relativo a un ataque cibernético al Tribunal Superior Electoral (TSE). Los documentos se mantenían bajo secreto de sumario.
Según la entidad, el mandatario divulgó la información con la intención de demostrar que el sistema de votación electrónica no es confiable. Dicho sistema es usado desde 1996 y no ha sido corroborada por ningún organismo competente.
Bolsonaro no presentó pruebas que respalden sus afirmaciones. Por ello, Moraes abrió una investigación en agosto del 2021 para determinar si el mandatario divulgó indebidamente los documentos. Desde noviembre, el magistrado pidió al presidente acordar dónde presentaría su declaración. Sin embargo, el mandatario ha ignorado sus peticiones desde entonces.
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10 investigaciones en contra
La Procuraduría General de Brasil, en total, ha presentado al Supremo 10 investigaciones que involucran al presidente. Además, 61 personas, entre ellas algunos ministros, familiares, ex políticos y diputados aliados al gobierno, también se encuentran implicadas.
Las propuestas de acusación estuvieron basadas en las pruebas presentadas por la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI). En los 6 meses que estuvo activa, se encargó de analizar la gestión del Gobierno de Bolsonaro durante la pandemia. Bolsonaro podría ser acusado por delitos contra la salud pública, incitación al delito, uso irregular de fondos públicos, crímenes contra la humanidad, entre otros.
Respecto a la acusación de crímenes contra la humanidad, el mandatario, en octubre del año pasado, se refirió a ella como «una payasada». También, en otra ocasión, acusó a de Moraes de actuar como un agente político y no como «un juez imparcial».
