De la larga lista de propuestas lanzadas por Castillo en campaña, una de las pocas materializadas es la inauguración de la Segunda Reforma Agraria. Este proyecto recibe su nombre en honor a las controversiales medidas propiciadas por el exdictador militar, Juan Velasco Alvarado, que modificaron el sistema de tenencia de la tierra a finales de los 60. La nueva iniciativa no contempla expropiaciones, sino, constituye una serie de medidas que impulsarían el desarrollo agrónomo en favor del agricultor relegado.
Los ejes generales del programa ya han sido trazados, pero pese a su pomposa presentación, permanece la incógnita sobre su línea de acción. Desde Sacsayhuamán, Castillo dice beneficiar a 2.2 millones de pequeños agricultores sin criterios claros ni un análisis sincero de recursos que permita delimitar rangos presupuestales. Según el gobierno, los principios base de la Segunda Reforma Agraria son cinco: asistencia estatal para los agricultores, el ajuste a una banda de precios, la producción de fertilizantes, las compras públicas de alimentos y la asociatividad y corporativismo. Medidas específicas que se desprenden de ellos, esconden imprecisiones y posibilidades importantes.
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¿Soberanía alimentaria?
La reforma se encontraba incluida dentro del plan de gobierno de la excandidata Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, hoy partido aliado del oficialismo. Mendoza saludó el anuncio de la implementación del programa con la frase “se inicia el camino hacia la plena soberanía alimentaria”. Según el discurso de Castillo, esta soberanía sería su objetivo central. La pregunta es: ¿Cómo definirla? El término soberanía alimentaria podría referirse a que prevalezcan los productos nacionales por su calidad y precio, o, que sólo se puedan elegir productos nacionales, a toda costa. Los medios hacen la diferencia.
El mandatario ha enfatizado que se promoverá el cooperativismo en el agro. En aras de la productividad, el fomento de la asociatividad orientada hacia elevar la competitividad de los productores, elaborando planes de negocios modernos para insertarse en los mercados de la mano de especialistas, es una prometedora alternativa. Al momento, según la ley de perfeccionamiento de cooperativas agrarias, el gobierno daría beneficios tributarios a las asociaciones campesinas. Sin embargo, la relación simbólica del proyecto con la dictadura de Velasco pone en duda la dirección reformista.
En ese sentido, el jefe de Estado también se refirió al tema de los aranceles frente a productos importados, señalando que se dará un ajuste en la franja de precios. Productos como el maíz, la leche en polvo y el arroz ya se rigen bajo la banda. Su ampliación no generaría mayor producción en el sector agrícola interno y además afectaría el bolsillo del consumidor al elevarse los precios de productos importados, encareciendo la oferta disponible. Otra de las banderas de la reforma ha sido flexibilizar y expandir créditos que ofrece el Agro Banco. Sin embargo, esto terminaría dándose en perjuicio del estado. Actualmente, por cada 10 soles prestados, se estima que la entidad pierde unos 8.
Industrialización, y demás deudas pendientes
Para potenciar el agro sector se necesita industrialización. La falta de agua para la agricultura rural es un factor limitante y los proyectos de siembra y cosecha que buscan la protección y alcance del recurso, ya tienen referentes pasados. Por ejemplo, el programa Mi Riego. El informe final de evaluación del impacto del fondo , emitido por el Ministerio de Economía en el 2019, dejó claros resultados y recomendaciones. Dentro del programa se incrementaron los niveles de producción de cultivos claves como el maíz y el trigo. Sin embargo, el ingreso agrícola neto no subió significativamente. Se evidenció incapacidad para el incremento de la rentabilidad de manera integral y a largo plazo. La explicación recae sobre la falta de acompañamiento apropiado a los agricultores, mediante asistencia técnica, capacitación y promoción adecuada de la asociatividad.
Este análisis recomendó abordar los problemas alrededor de las condiciones de producción y inserción al mercado que enfrenta el sector agrícola. Quedó la deuda pendiente de potenciar servicios complementarios provistos por agentes privados. Según el documento oficial, programas estatales como SERVIAGRO y el «Programa presupuestal 046» del Ministerio de Agricultura y Riego trataron de abordar la problemática del aprovechamiento de los canales de riego, de manera desarticulada, mientras que experiencias como «Aliados», cofinanciado por el Banco Mundial, registran mayor éxito.
Víctor Maita, titular de Agricultura sostiene que una de las prioridades del gobierno, con la reforma agraria, es fomentar la capacitación técnica. Para tal efecto, se creará el SECIGRO (Servicio Civil Agrario), para que jóvenes universitarios vayan al campo a proveer apoyo técnico directo al agricultor, ¿será suficiente? Maita tiene como objetivo llegar a contar con 1000 secigristas, dentro de su gestión. El gobierno de Perú Libre no se ha pronunciado respecto al estado legal de los predios agrarios que pretende beneficiar. Considerando que más del 50% de ellos no existe legalmente, el alcance del ambicioso proyecto se recorta.
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Las mentes detrás de la reforma
El pasado 23 de septiembre el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego creó el grupo de trabajo encargado de darle forma al plan perúlibrista. La resolución N°027-2021 oficializó la lista de las mentes reformistas. El clan liderado por Juan Rodo Altamirano, viceministro de políticas y supervisión del desarrollo agrario, cuenta con la presencia de 17 representantes de organizaciones públicas. Se optó por evitar hacer una convocatoria expresa a representantes del sector privado, clave para garantizar la productividad económica agraria y la viabilidad técnica de las medidas planteadas.
En el artículo N°7 se sostiene que el grupo “puede convocar” a miembros externos para la realización del informe de acción y que no cuentan con derecho al voto. Así, el gobierno Castillista reafirma que es parte de una izquierda anti tecnócrata. Según sus designaciones más controversiales, por ejemplo el nombramiento de Guido Bellido como Premier, el régimen de Perú Libre parece querer, en cierta medida, prescindir de la academia para llevar a cabo sus más grandes promesas.
Siendo el primer gobierno dirigido por líderes del ámbito rural, Castillo se reserva la oportunidad de trascender en la historia si cumple exitosamente, dentro del marco de la ley, con sus principales promesas. Perú Libre dirige un gobierno izquierdista reformista, es decir, propicia la redistribución y el rompimiento de los esquemas. Con mayor razón aún, para lograr algún triunfo, dependerá de los expertos en gestión pública que lo acompañen. En tanto ausentes, sólo se estarán construyendo castillos sobre aire, que se podrían desmoronar.
Proyecciones optimistas
Según el cronograma, el grupo de trabajo deberá tener listos los aspectos técnicos para el 31 de diciembre de este año, como fecha límite. Estos planteamientos deberán ser discutidos el próximo año por el parlamento y demás actores involucrados. De ser aprobados en su estado íntegro, podrán ser incluidos en el presupuesto del año siguiente, es decir 2023. La Segunda Reforma Agraria se hará esperar.
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