El presidente Pedro Castillo observó la ley que propone establecer nuevos requisitos para el nombramiento de ministros. Según el Ejecutivo, la medida impulsada por el Congreso de la República no cuenta con respaldo constitucional. En el oficio enviado a la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, se hace hincapié en que la norma no cumple con los tests de «razonabilidad» y «proporcionalidad».
En el documento, que cuenta también con la firma del premier Aníbal Torres, se argumenta que procedimientos válidos se dan después del nombramiento. Según la carta enviada a Alva, solo mediante la interpelación, la cuestión de confianza y la censura, es posible una rendición de cuentas. Asimismo, los mecanismos por parte del Gobierno son los tratados, el proyecto de ley de presupuesto, los nombramientos de embajadores y los decretos de urgencia.
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Las observaciones de Castillo
Una de las observaciones presentadas por el presidente es que una de las restricciones para los viceministros afecta el derecho a la presunción de inocencia. La parte referida es aquella en la que se lee que no podrán ser nombrados «quienes se encuentren con acusación fiscal o estén siendo juzgados ante el Poder Judicial”.
“Al no contar los dictámenes referidos a la autógrafa de ley con el respectivo test de proporcionalidad que permite determinar la constitucionalidad de la restricción del derecho fundamental a la presunción de inocencia, se puede afirmar que la misma no se encuentra adecuadamente sustentada”, se puede observar en el documento.
¿Qué dice la ley observada?
La norma en discusión establece que la declaración jurada debe ser considerada antes del nombramiento de los integrantes de un gabinete. En ella se deben declarar procesos judiciales y procesos administrativos en los que esté involucrado, ya sea como imputado o cómplice.
Esta autógrafa fue aprobada en segunda votación en el Congreso a mediados de enero. En febrero, la bancada oficialista, Perú Libre, solicitó una reconsideración. Tras desestimarse el recurso, el 8 de enero se remitió el documento a Palacio de Gobierno.