El desafuero de Freddy Diaz se hizo oficial luego de que el parlamento reconsiderara la votación de inhabilitar 10 años de la función pública al legislador por mal uso del despacho.
La inhabilitación de Freddy Diaz produjo otro desafuero del Congreso. Con 77 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones, se oficializó su inhabilitación del Congreso de la República, luego de ser acusado por uso indebido del despacho, además de tener una acusación por violación sexual a una de sus trabajadoras.
El congresista de Alianza para el Progreso queda inhabilitado de ejercer la función pública por 10 años, luego de que el parlamento reconsiderara la decisión anterior que salvaba a Diaz del desafuero. La accesitaria Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros asumirá el escaño. La inhabilitación se oficializó el viernes 13 de enero, decretándose a través de la Resolución Legislativa del Congreso 005-2022-2023-CR, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
Asimismo, Lady Camones, presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, recalcó que la denuncia es por uso indebido del despacho congresal, más no por el presunto delito de violación sexual.
Sucesos de la acusación de Freddy Díaz
Antes de los hechos, en el mes de agosto del año pasado suspendieron al congresista por 120 días sin goce de haber por la Comisión de Ética. El Congreso de la República aprobó esta medida con 99 votos a favor y 4 abstenciones.
Esto sucedió tras la difusión de la denuncia de su entonces trabajadora por violación sexual dentro del despacho del parlamentario. Luego de revelarse estos hechos, la congresista Flor Pablo de Integridad y Desarrollo presentó la denuncia constitucional, la cual fue multipartidaria, sumándose hasta Patricia Chirinos de Avanza País.
Sumado a este hecho, el pasado 5 de agosto, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó 9 meses de impedimento de salida del país contra el ahora desaforado excongresista Díaz.
LEE TAMBIÉN: Gabinete Otárola recibe el voto de confianza del Congreso
Informe final sobre el caso Freddy Díaz
El informe final del caso fue elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esta señala que se cumple los criterios de razonabilidad y proporcionalidad de la sanción de inhabilitación, siendo compatibles con la Constitución.
Asimismo, Díaz fue acusado por mal uso del despacho, debido a que se demostró que abusó de su poder como parlamentario y su investidura para sostener relaciones sexuales, además de ingerir alcohol con una trabajadora suya.
Este suceso le habría provocado daño psicológico, empleando los recursos asignados por el Parlamento. También, el congresista habría infringido las normas constitucionales de los artículos 1, 2, 38 y 39 de la Constitución Política del Perú. Por otro lado, el documento resalta sobre la conducta del denunciado, observando que la apelación a la sanción propuesta tiene factores adicionales que justifican esta reconsideración.
En primer lugar, el hecho de que un alto funcionario del Estado, teniendo una responsabilidad mayor de trabajar en beneficios de los peruanos, haga mal uso de su cargo y los demás hechos inmorales ocurridos en el interior del despacho congresal, demuestran un mal uso de los bienes asignados por su condición de parlamentario.
La accesitaria de Freddy Díaz asume luego del desafuero
Nelcy Heindinger es la accesitaria de Freddy Diaz, quien asumirá su lugar al concretarse el desafuero. La parlamentaria de 49 años, es originaria de Pozuzo, provincia de Oxapampa. Milita en Alianza Para el Progreso, según su hoja de vida, y posee estudios en Cosmetología Básica en el Centro Ceogne Art Center Elizabeth. Además, tiene estudios de un curso de Conciliación Especializada en Familia y Conciliación Extrajudicial, realizándolo en el Centro de Altos Estudios Peruanos e Interculturales Patmos.
Asimismo, señaló que laboró en la empresa Todo para Cortar y Soldar ASC como agente de venta casi cuatro años, entre 2012 y 2016.
De 2016 a 2017, asumió funciones como asistente técnica en la Municipalidad Provincial de Oxapampa, mientras que entre 2019 y 2020, en esta misma región, trabajó como apoyo en la unidad de turismo, coordinación de control y prevención del Covid-19, monitoreo de saneamiento de la Municipalidad Distrital de Pozuzo. Finalmente, en 2020 estuvo como apoyo administrativo en la empresa Velvet Asociados EIRL.
Antecedentes de desafuero en el congreso
No es la primera vez que se aprueba un desafuero parlamentario. Como se recuerda, el desafuero es una medida que consiste en la acusación constitucional, el antejuicio y juicio que busca suspender, inhabilitar o destituir a algún funcionario público de sus funciones.
Desafuero de Martha Chávez (2001)
La excongresista fujimorista Martha Chávez fue desaforada del Congreso en 2001, a poco de iniciar el periodo 2001-2006, luego de que fuera acusada de recibir veinte mil dólares para financiar sus gastos de campaña en las elecciones generales de 2000, esto por orden del ex presidente Alberto Fujimori. Otro delito imputado es el de ser cómplice de acciones ilegales para lograr la tercera reelección de Fujimori en aquel mismo proceso electoral.
Por otro lado, se le acusó de coordinar con Vladimiro Montesinos la acción de amparo que interpuso buscando revocar la sentencia del Tribunal Constitucional, quienes declararon inaplicable la tercera elección en el concurso de los magistrados Luis Almeyda, Adalberto Seminario y César Tineo.
Inhabilitación de Gustavo Espinoza (2009)
El caso del congresista nacionalista Gustavo Espinoza Soto es otro ejemplo de la acción de desafuero. En 2009, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la acusación constitucional y solicitud de inhabilitación contra el legislador de Unión por el Perú.
La inhabilitación de Espinoza fue por dos años, mientras que el desafuero se definió con 76 votos a favor. Al legislador se le acusó de enviar a 50 diputados y senadores chilenos una grabación en donde el excomandante general del Ejército, Edwin Donayre, lanza agravios contra el país sureño en una reunión privada.
Edgar Núñez (PAP), quien en ese entonces era presidente de la Comisión de Defensa, reiteró que el parlamentario Espinoza promovió un clima de tensión con Chile, constituyendo una fragante violación a los deberes que debe tener como padre de la patria y como ciudadano que honra al Perú y que tiene como prioridad proteger los intereses nacionales.
Desafuero de Michael Urtecho Medina (2013)
Un último caso notorio fue el de Wilson Michael Urtecho Medina, congresista de Solidaridad Nacional. El Pleno del Congreso aprobó su destitución del cargo, inhabilitándolo por 10 años del ejercicio de toda función pública.
La sanción se dio por adueñarse del sueldo de sus trabajadores, reduciendo su pago de manera ilegal, llegando al punto de convertir a cada uno de sus colaboradores en personal fantasma, haciendo funciones distintas a las dictadas en sus contratos.
