El pasado 21 de febrero, un hecho conmocionó a la opinión pública chilena y venezolana: el secuestro de Ronald Leandro Ojeda Moreno, un exmilitar venezolano de 32 años que residía en Chile desde 2018 y que tenía la calidad de refugiado.
Secuestro de Ronald Ojeda
Cuatro sujetos que se hicieron pasar por policías, vestidos de negro, con cascos, chalecos antibalas y los rostros tapados, sacaron a Ojeda de su departamento en la comuna de Independencia, en Santiago de Chile. Lo llevaron maniatado y en ropa interior hasta un vehículo gris con una baliza azul, según se aprecia en el video de las cámaras de seguridad del edificio.
Desde entonces, se inició una intensa búsqueda por parte de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, que declararon la investigación como secreta y no descartaron ninguna hipótesis sobre el móvil del secuestro. Algunos medios y opositores venezolanos denunciaron que se trataría de una operación encubierta de los servicios secretos de Maduro, que se habrían infiltrado en el país y se habrían llevado a Ojeda a la cárcel de la que se habría escapado en 2017. Otros apuntaron a que el secuestro se relacionaría con el crimen organizado, dado el nivel de sofisticación usado por los autores para ingresar al edificio disfrazados de efectivos de la PDI.
El gobierno chileno, por su parte, rechazó cualquier reporte de supuesta colaboración con Venezuela en el caso y aseguró que apoyaría a la Fiscalía en sus labores por esclarecer el crimen y castigarlo con la mayor dureza. Además, la Interpol recibió una alerta y las autoridades reforzaron los controles fronterizos para evitar que Ojeda pudiera salir de Chile.
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Hallazgo del cuerpo y detenciones
La búsqueda de Ojeda duró diez días, hasta que el viernes 2 de marzo, el fiscal Héctor Barros, coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, informó el hallazgo del cuerpo del ex militar venezolano en una barriada informal del municipio de Maipú, en la zona poniente de Santiago de Chile. El cadáver estaba enterrado dentro de una maleta, bajo una estructura de cemento, en una zona de viviendas irregulares que el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, describió como una «fuente permanente de delitos e incivilidades». Las huellas dactilares y la ropa interior permitieron identificar el cuerpo, la cual coincidía con la que se informó que llevaba puesta el día de su desaparición. La data de muerte aproximada señalaba que era entre siete y 10 días, coincidente con la fecha en que se produjo el secuestro.
Barros también confirmó la detención de un menor de 17 años, de nacionalidad venezolana, que estaría involucrado en el caso y que sería formalizado en calidad de autor en el delito de secuestro con homicidio. Además, indicó que existen otras dos órdenes de detención pendientes de ejecutar, que afectarían a otros involucrados, y que se han emprendido allanamientos en diferentes zonas de la capital chilena en búsqueda de evidencias y para concretar los apresamientos. Barros catalogó los hechos como “una operación compleja vinculada al crimen organizado” y no entregó detalles sobre las motivaciones del crimen.
El hermano del asesinado oficial, el también militar Javier Ojeda, solicitó a las autoridades chilenas poder reconocer el cadáver. “No podemos aceptar que sea del todo mi hermano si no se ha hecho un reconocimiento ocular”, dijo el uniformado en un video difundido por redes sociales.
El pasado de Ojeda
Javier Ojeda también reveló que su hermano escribió un texto a modo de autobiografía antes de su secuestro. En el texto, él contaba su detención en su país y las torturas a las que lo sometieron, según relató, en una cárcel en Caracas. El título fue «Esto no es un libro; es una denuncia y una advertencia». En él, Ojeda relató su «adoctrinamiento» en el Ejército venezolano, expresó su oposición al gobierno de Maduro, narró su fuga de prisión y describió su llegada a Chile.
Ojeda formaba parte de un grupo de militares que firmó un documento en el que desconocían a Maduro como jefe de las fuerzas armadas de Venezuela. El 5 de abril de 2017, el Primer Tribunal de Control de Caracas ordenó la detención de Ojeda y la de otros militares bajo los cargos de “rebelión, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria”. Ojeda escapó en noviembre de 2017 durante un traslado y aseguró haber sido sometido a torturas durante su estancia en prisión. Un año después, el gobierno de Maduro publicó un decreto en el que degradó y expulsó sin juicio previo a 24 oficiales, entre ellos él.
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Asilo político y nuevas acusaciones
El exmilitar alcanzó cierta notoriedad cuando en noviembre de 2022 se manifestó de rodillas y con una bolsa en la cabeza frente al Palacio de La Moneda en Santiago de Chile para condenar el diálogo entre el chavismo y opositores y exigir la liberación de presos políticos. El gobierno chileno le concedió asilo político en 2023 y más recientemente, ya en 2024, el régimen de Maduro lo volvió a nombrar “traidor a la patria” y lo acusó de participar en una supuesta conspiración conocida como el plan “Brazalete Blanco”, el cual consistía en atacar una base militar venezolana y asesinar al presidente. Por este caso fue detenida el pasado 9 de febrero la activista de derechos humanos, Rocío San Miguel, cuando ella se disponía a salir del país.
Reacciones y consecuencias
El secuestro y posterior asesinato de Ojeda ha generado repudio tanto en Chile como en Venezuela y en otros países del continente. El gobierno chileno ha prometido que el crimen no quedará impune y que apoyará a la Fiscalía en sus labores por esclarecer “plenamente” el caso y castigarlo con la mayor dureza. La comunidad venezolana en Chile, estimada en cerca de un millón de personas, ha exigido justicia y protección para los refugiados que huyen de la dictadura de Maduro.
El caso de Ojeda ha evidenciado la presencia y el accionar de bandas transnacionales y del crimen organizado en el país sudamericano, así como la vulnerabilidad de los exiliados políticos que buscan una vida mejor. El exmilitar venezolano, que soñaba con la libertad de su patria y que escribió sus memorias como una denuncia y una advertencia, se convirtió en una víctima más de la violencia y la represión que azotan a Venezuela y que traspasan sus fronteras.
