Los primeros días del gobierno del presidente Pedro Castillo ha causado revuelo y turbulencia política. Desde cuestionadas designaciones en los puestos claves del Estado hasta las limitaciones a los derechos fundamentales. Las acusaciones hacia el partido oficialista se han vuelto, una vez más, el centro de las noticias.
Cuestionamientos institucionales
Tras ello, la Defensoría del Pueblo, institución que el actual presidente amenazaba con desactivar durante su campaña presidencial, emitió un comunicado en aras de cuestionar las «limitaciones a los derechos (…) acaecidas recientemente en nuestro país».
Además, señalan que resulta «inaceptable» que sea el Gobierno quien ponga en riesgo la garantía respecto a las libertades de expresión e información.
Libertades como freno a un gobierno autoritario
La institución señaló la importancia de los derechos y libertades que estipula la Constitución Política vigente. Entre ellas, la libertad de información y expresión cumplen, en palabras de la Defensoría, «un rol en el sostenimiento de nuestra democracia y control de poder».
En la misma línea, se enfatiza su relevancia para el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues «constituyen los frenos para prevenir toda forma de gobierno autoritario».
Impedimento de la prensa en los actos oficiales
Los primeros días de gobierno de Pedro Castillo ya constituían una amenaza a los derechos fundamentales de la persona y la comunidad. El 29 de julio, día de la Juramentación del Gabinete, los zarpazos amenazantes hacia la libertad de prensa se visibilizaban desde el impedimento de ingreso de la prensa a la ceremonia oficial en el gran Teatro Nacional.
El Consejo de la Prensa Peruana de inmediato se pronunció, puesto que causaba «serias preocupaciones» la atribución de este desliz a presuntos «problemas de coordinación».
Otros actos donde la prensa no pudo estar presente fueron los siguientes:
- Transferencia de cargos ministeriales.
- Reconocimiento del presidente de la República como jefe de las FF.AA. y de la PNP.
- Obstaculizar el libre despliegue de la prensa para cubrir actividades públicas (vacunación de Castillo).
De la misma forma, la falta de transparencia de las actividades del presidente, constituyen para la Defensoría, actos que impiden «materializar derechos».
Discursos en contra de los medios de comunicación
Durante la conferencia de prensa del 5 de agosto, el premier Bellido se mostró reacio y poco abierto al diálogo con los medios de comunicación. «La prensa no debería mantener una actitud obstruccionista», señaló frente a las cámaras.
Debido a este impasse, la Defensoría del Pueblo señaló que este tipo de discursos «no se coincide con el perfil democrático que debe tener el portavoz del Gobierno».
Asimismo, señaló que la acción del premier no sólo atentó «contra la libertad de expresión», sino también con «la vida e integridad de los presentes».
¿En qué concluye el cuestionamiento de la Defensoría?
La Defensoría, al también haber sido uno de los blancos que las propuestas perúlibristas amenazaban; hoy, cumple su rol al salir al frente a defender los derechos fundamentales de todos los peruanos.
Por tanto solicita:
- Que, los medios puedan difundir todos los hechos noticiosos relacionados con la actuación del Gobierno.
- Que, el Gobierno respete la pluralidad informativa y el ejercicio pleno de la libertad de prensa. En tanto, los hechos descritos constituyen un «absoluto contrasentido para nuestro Estado constitucional». Además de «vulneraciones flagrantes a la Constitución».
Lo cierto es que tanto la bancada del lápiz como los mismos funcionarios del gobierno oficialista, evidencian visiones más radicales que las del propio Castillo. Será cuestión de tiempo saber si el Gobierno da señales de moderación o, por el contrario, mantiene el estupor con la radicalidad que los caracteriza.