El pasado 21 de diciembre de 2023, el Gobierno publicó el Decreto Legislativo N° 1605, que modifica 30 artículos del Nuevo Código Procesal Penal. Con ello, se otorgan nuevas facultades a la Policía Nacional del Perú (PNP) para investigar preliminarmente algunos delitos sin la presencia de un fiscal. Esta medida ha generado una fuerte controversia entre los expertos y la opinión pública. Algunos la consideran un avance en la lucha contra la delincuencia, mientras que otros la ven como un retroceso en el sistema de justicia y una amenaza a los derechos humanos.
Según el Decreto Legislativo, la PNP podrá realizar, por iniciativa propia, las diligencias de investigación del delito que sean urgentes o inaplazables. Entre ellas, la intervención de comunicaciones y el levantamiento del secreto bancario cuando se amenace la vida, la integridad o la libertad personal de la víctima. Además, la policía podrá emitir informes con conclusiones sobre los actos de investigación realizados en las primeras 48 horas, tipificando los delitos e imputando a los autores. Estas facultades se realizarán bajo la conducción jurídica del fiscal, quien deberá remitir la disposición fiscal de inicio de diligencias preliminares en un plazo máximo de 24 horas.
El Decreto busca combatir la inseguridad ciudadana
El Gobierno, a través de la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, ha defendido esta medida como una forma de agilizar la investigación del delito y evitar la liberación de delincuentes capturados por la policía. Asimismo, ha señalado que se respeta el principio de legalidad y el rol del fiscal como titular de la acción penal.
Cabe destacar que la PNP, desde el año 2006, había perdido la capacidad de investigar, quedando relegada a un rol auxiliar del Ministerio Público. La presidenta ha destacado la importancia de este cambio para combatir la inseguridad ciudadana, que se ha agravado en los últimos años por la acción de bandas criminales, la minería ilegal, el narcotráfico y la corrupción. También ha asegurado que la norma respeta la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
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Críticas al decreto legislativo
Sin embargo, el decreto ha generado una fuerte controversia en el ámbito jurídico y político. El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, ha cuestionado duramente el Decreto Legislativo, calificándolo como un gravísimo retroceso a lo que el Perú ha avanzado en estos años en materia de reforma procesal penal.
Para Maldonado, la investigación del delito debe ser conducida y dirigida por un Ministerio Público moderno, eficiente y bien formado, y no por la policía, que no tiene el conocimiento jurídico técnico para aplicar la teoría del delito. Además, ha advertido que la norma podría vulnerar derechos humanos de la ciudadanía, al dar lugar a interpretaciones ambiguas.
Asimismo, ha alegado que el Tribunal Constitucional declararía inconstitucional el Decreto Legislativo, en caso se promueva una demanda de inconstitucionalidad en su contra. Según el artículo 25 del Código Procesal Constitucional, están facultados para interponer esta acción el fiscal de la Nación, el Colegio de Abogados de Lima o cualquier otro colegio de abogados.
Postura a favor del decreto legislativo
Por otro lado, hay quienes respaldan el Decreto y lo consideran una medida necesaria y constitucional, que corrige una omisión del pasado y que le devuelve a la policía la capacidad de investigar que le otorga la Constitución. Entre ellos se encuentra el exministro del Interior Cluber Aliaga, quien ha afirmado que el decreto fortalece la operatividad de la policía y que no afecta la conducción jurídica del fiscal.
Destacó que el artículo 166 de la Carta Magna ordena a la PNP prevenir, investigar y combatir el delito. Según Aliaga, el Nuevo Código Procesal Penal no respetó dicho mandato, al quitarle a la policía la investigación preliminar del delito, pero ahora se recupera con el Decreto Legislativo.
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Ministerio Público evalúa acciones legales
Los fiscales supremos han conformado una comisión institucional que está evaluando la interposición de acciones legales pertinentes contra el Decreto Legislativo en cuestión. Su objetivo es hacer prevalecer el rol constitucional asignado al Ministerio Público y proteger sus funciones. A través de estas acciones legales, buscarán impugnar y cuestionar la validez del Decreto para defender la autonomía e independencia de la Fiscalía en el proceso de investigación de delitos. La Fiscalía asegura que no fue consultada por el Poder Ejecutivo antes de la emisión de los decretos.
La controversia generada por el decreto legislativo se da en un contexto de creciente criminalidad en el país, que afecta la seguridad y la tranquilidad de la población. Un reciente caso de violencia ocurrido en un centro comercial en Trujillo, atribuido a un ajuste de cuentas entre bandas criminales, ha conmocionado a la opinión pública, que exige medidas concretas y efectivas para enfrentar este problema. A pesar de las declaraciones oficiales sobre una disminución de la percepción de inseguridad, los índices de delincuencia persisten, generando un llamado unánime a desarrollar estrategias urgentes.
