El país continúa en una crisis sanitaria desde hace más de 20 años. En esta ocasión, debido a la pandemia por el COVID-19. Continuamos en un escenario atípico y delicado. En un intento por acelerar el proceso de vacunación contra el coronavirus, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, aprobó hoy por unanimidad, el dictamen del Proyecto de Ley N° 7169, cuya autoría es del congresista César Combina, de Alianza para el Progreso (APP). Dicha decisión deberá ser aprobada en el Pleno del Parlamento Nacional.
¿En qué consiste dicho proyecto de ley?
El proyecto autoriza a las empresas del sector privado la «adquisición, importación, distribución, almacenaje y aplicación de la vacuna» contra el COVID-19, así como a los gobiernos regionales y locales para que la importen y distribuyan. La iniciativa subraya además, que el proceso de inoculación a cargo de las empresas privadas y los gobiernos subnacionales se debe realizar de manera gratuita.
«El sector privado puede adquirir, importar, almacenar, distribuir, comercializar y aplicar la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 para destinar a los trabajadores, al núcleo familiar de estos y a un porcentaje no menor al 30% destinado para asistencia social dentro de la circunscripción territorial donde desenvuelve sus actividades económicas», sostiene la norma. Lo señalado anteriormente se ubica en el artículo 2° del Proyecto de Ley, pero además, se precisa que las empresas privadas no pueden contravenir el artículo 234° del Código Penal, el cual sanciona la especulación y el acaparamiento.
Iniciativas de diversas bancadas
Al respecto, el presidente de la Comisión de Economía, Anthony Novoa Cruzado, destacó que el dictamen aprobado recoge 20 iniciativas de diversas bancadas referidas al rol activo que el sector privado debe tener en la vacunación contra el coronavirus. En este sentido, manifestó que «es un dictamen multipartidario que recoge la mayoría de bancadas que han presentado su proyecto de ley».
Lineamientos para la adquisición de vacunas
Con lo que respecta a la cantidad de vacunas que podría adquirir el sector privado, la norma especifica tres criterios:
- El número de sus trabajadores bajo cualquier modalidad contractual.
- Cantidad de familiares directos en segundo grado de consanguinidad o afinidad de los trabajadores.
- El número de vacunas para asistencia social que no podrá ser menor al 30 % del resultante de la suma de trabajadores dependientes más el personal del núcleo familiar.
Junto con ello, se sostiene que deberá ser el Ministerio de Salud (MINSA) la entidad encargada de autorizar a las empresas privadas la adquisición y la aplicación de vacunas contra el COVID-19.
Finalmente, la iniciativa parlamentaria autoriza la «libre importación» de condensadores y compresores de oxígeno durante la emergencia sanitaria, sin la necesidad de requerir permiso, documentación o licencia alguna que fuera expedida por las autoridades sanitarias. De igual modo, se permite la importación de respiradores quirúrgicos «sin requerimiento de registro sanitario» y además, se efectuará la importación de mascarillas N95/KN95 sin autorización DIGEMID, según informó César Combina en su cuenta de Twitter.
De la misma forma, el parlamentario hace mención en la red social, que espera que pronto el Proyecto de Ley N° 7169 sea ley para así, «generar el marco legal que garantice la vacunación gratuita desde el sector privado a millones de peruanos». Esto, junto con el objetivo expresado en el dictamen aprobado: «Salvaguardar la salud de los ciudadanos y coadyuvar al Estado en la aplicación de vacunas contra el COVID-19».
Puedes conocer más acerca del Proyecto de Ley, aquí.
