En general, está bien establecido como conocimiento económico básico, que los precios de mercado capturan, formalizan, transmiten y señalizan la información con respecto a la escasez relativa de los bienes. Es la escasez la que explica el estudio de la economía y lo que expresa, a su vez, el sistema de precios, y la ley fundamental de oferta y demanda.
En este contexto de pandemia, se han ido encareciendo muchas mercancías en consecuencia de una elevada demanda, tales como mascarillas, alcohol en gel, papel sanitario o medicamentos. Esencialmente, este último bien es de vital importancia y, por lo tanto, sectores piden que el estado controle su precio. Pero, ¿realmente es lo más adecuado que el estado intervenga sobre el precio de las medicinas o de cualquier otro bien?
Vamos por partes. Cuando una persona alega que se debe regular el precio de una mercancía sabe (o al menos se supone que sabe) que esta acción elimina las funciones que cumple el aumento de los precios.
¿Cuáles son esas funciones?
El incremento de los precios tiene al menos 2 aspectos esenciales:
- Primordial y a mediano plazo: Actuar como indicador y aumentar la oferta del bien.
- Secundario y a corto plazo: Ser un mecanismo elemental para racionar la oferta existente a sus futuros demandantes.
Por ejemplo, si hay 50 unidades de un bien ‘X’ y existen 500 personas que la requieren, habrá que racionar quién accede y quién no al bien en mención, pues no todos -a corto plazo- podrán tener el producto.
En un mercado libre, quien accede a corto plazo al producto cuya demanda se ha disparado es quien está dispuesto a pagar más por este, puesto que, en general, quien está dispuesto a pagar un precio más alto valora más el bien y quien no, valora menos el bien.
Esta es una forma de redistribución, ya que quien puede pagar más es quien previamente ha producido y vendido en el mercado bienes o servicios que tienen determinado valor para otras personas. Así, se recoge el valor del mercado que previamente se ha aportado y se recibe valor de forma proporcional al valor brindado.
En esta instancia, inmediatamente nos topamos con un problema el cual es utilizado como «argumento» contra el sistema de precios: «Hay varias personas que valoran mucho el bien; sin embargo, no pueden pagar precios tan altos. Por ello, hay que controlar los precios». Este es un mal argumento, porque ignora la función primordial del incremento de los precios que explicaré a continuación.
Este problema surge debido a que a estas personas (las que argumentan contra el ‘sistema de precios’) no se les facilita aportar valor al mercado. Por ejemplo, el sistema laboral que existe en el Perú es una oda a la informalidad: barreras, trámites, impuestos, multas para aquellos formales o quienes quieran formalizarse. Ello hace inconcebible que una persona pueda aportar el valor que su capacidad le permite e incrementar esta capacidad siendo más productivos dentro del sector formal y que de este modo se incrementen los salarios.
La función principal del incremento de los precios es actuar como indicador. Un precio elevado sirve como incentivo para lanzarse a producir rápidamente el bien y así aprovechar mayores ganancias. Es por este motivo que un súbito aumento del precio de un bien hace que (1) los proveedores habituales aumenten su producción, (2) nuevos empresarios produzcan determinado bien, (3) empresas redirijan su producción hacia el bien altamente requerido, (4) aquellos que hayan sido previsores de un inminente aumento del precio liberen su stock.
Todo esto se traduce en una gran cantidad de nueva oferta a mediano plazo y, en consecuencia, la disminución del precio. Además, genera una mayor demanda de trabajadores para que fabriquen ese bien, aumentando así, el salario de estos trabajadores.
Es síntesis, el aumento del precio de un bien conlleva a reducir su tiempo de escasez.
Veámoslo así: imaginemos que se ha producido un gran incendio en la Plaza de Armas de Lima y por desgracia las estaciones de bomberos ubicadas a los alrededores de la ciudad se han quedado sin comunicación, por lo que solo pueden guiarse por el humo. Si los bomberos no pueden ver el humo, les será imposible encontrar el incendio. En cambio, si existe una gran humareda se guiarán fácilmente y llegarán cuanto antes. Lo mismo ocurre con los mecanismos de mercado. El elevado precio es el humo que atrae a los bomberos (los proveedores) cuya existencia minimiza así el tiempo del incendio (escasez). Lo único que genera un control de precios es desaparecer la humareda, los bomberos no saben que hay incendio y el fuego termina consumiendo toda la plaza limeña.
Los seguidores del control de precios no se dan cuenta que el problema fundamental de la emergencia no es el precio, sino la escasez. El precio es el humo; la escasez, el fuego. El precio solo está señalizando el verdadero problema: la inexistencia de suficientes cantidades para todos.
Por otro lado, el aumento de precios también desincentiva el acaparamiento. Un precio elevado invita al consumidor a no llevarse más unidades de las necesarias y, en consecuencia, esto dispersa la distribución del bien. Serán menos quienes compren muchas unidades, por lo que quedan disponibles más unidades para más personas.
Con un límite máximo de venta del bien altamente demandado, no solo desaparece el incentivo para una mayor producción, sino que la ya reducida oferta existente será acaparada por pocas personas. Un precio muy bajo hará que personas compren gigantes cantidades del bien para venderlas en la clandestinidad a precios ridículamente altos. Es decir, fijar un precio máximo por debajo del precio de equilibrio genera desabastecimiento, mercados negros, pérdida de la calidad del producto y una mala distribución de los recursos.
Podríamos incluso remontarnos al antiguo Egipto para comenzar a enumerar tantos ejemplos como fracasos del control de precios. Recientemente en España se aplicó esta medida con las mascarillas y lo único que generó es que los 3 grandes proveedores de mascarillas (iberomed, ortoespaña y ortosan) dejaran de venderlas en el país europeo. En Perú, ya lo hemos padecido en los 80, bajo el primer gobierno de Alan García, y no hace falta explicar cómo terminó.
Analicemos ahora al populista que pretende controlar los precios de los medicamentos. Cuáles son sus «razones» para tan desatinada propuesta, sus dichos y alaridos con intención de ganar cámaras y reflectores o pretender conseguir votos futuros:
1. «Existe un monopolio que pone el precio alto a su antojo»
Primero, no es verdad que el mercado farmacéutico en el Perú concentre a un único vendedor.
Pero supongamos que sí y preguntémonos un momento, ¿acaso un monopolio puede fijar un precio alto sin consecuencias Pues sí, sí puede. Pero esto sucede cuando la empresa monopolística se colude con el estado para que este no permita o haga extremadamente difícil la entrada o permanencia en el mercado de nuevos competidores, esto es el mal endémico del mercantilismo que ejerce privilegios a unos pocos a costa de todos los demás, restringiendo el libre ejercicio de la función empresarial.
Actualmente, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) tiene una regulación absurda para la obtención del registro sanitario que dificulta enormemente la importación de productos médicos. Estas barreras burocráticas son tal, que la obtención del registro en el caso de las medicinas puede tardar hasta 2 años, lo que, lógicamente, se traduce en sobrecostos para el consumidor final.
Se trata de la Ley N° 29459, la cual regula productos farmacéuticos, sanitarios y dispositivos médicos. Lo que hace la ley es exigir un control estricto documentario, pidiendo sendos requisitos que, en ocasiones, no existen en el mundo, evitando que el producto llegue al país. La ley (o quienes la aprobaron) ignora que la gran mayoría de medicinas importadas ya vienen con certificación emitida por la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) por lo que el estado puede (y debe) ahorrarse todo el proceso burocrático.
Por ejemplo, Chile cuenta con esta medida. En nuestro vecino país del sur, se implementa un registro automático a los productos farmacéuticos que ya se evaluaron previamente en los países de alta vigilancia sanitaria, evitando así la tortura burocrática que aún existe en Perú, la cual eleva los precios, puesto que repele la competitividad.
El estado debería ocuparse de aquellos locales clandestinos donde se fabrican medicinas bamba y no en sobreregular los medicamentos que ya vienen con un registro sanitario completo.
La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM) termina siendo un filtro que favorece a empresas con poder de mercado y desfavorece a quienes empiezan o quieran empezar a competir.
Omar Neyra, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Comercio de Lima, refiriéndose a esta sobrerregulación, indicó que los precios de medicamentos podrían bajar hasta un 50% si se facilita su importación. Es decir, la solución está en liberalizar el mercado de medicamentos, generando más inversión y competencia para que así los precios puedan bajar; no en que el burócrata de turno juegue al azar eligiendo lo que a él considera un «precio justo».
2. «Hay que dejar la ortodoxia, ya que esto es una emergencia»
El contexto de emergencia ha servido como supuesto apoyo para que se exija un estado intervencionista en los precios. Anteriormente ya hemos explicado por qué el control de precios falla y tenemos suficiente evidencia empírica en los años 80 cuando se dejó la ortodoxia. Pero es imposible solucionar problemas cuando prevalece el análisis sentimental sobre el histórico y no se quiere entender por qué ocurren los desabastecimientos.
Expliqué unos párrafos atrás que, quienes a corto plazo pueden acceder a los bienes con fuerte demanda, son aquellos que pueden pagar más por él. Luego, el mercado se encargará de abastecer la oferta necesaria y así todos puedan acceder al producto.
Bien, en base a lo mencionado, se puede argumentar que, si estamos luchando contra la pandemia, las medicinas con un precio elevado también deben estar disponibles a corto plazo para quienes no puedan pagar por ellas. Pero darle solución a este problema controlando los precios es un fatal tiro por la culata; en todo caso, lo que se debería hacer en base a este supuesto, es que el estado compre, a precios de mercado, una suficiente cantidad de medicinas y las distribuya a corto plazo entre quienes no pueden pagar un precio elevado.
3. «No hay genéricos, culpa de las farmacias»
Veamos el mercado de medicamentos en Perú. Este mercado se divide en un mercado público, que concentra más del 70% del total; y un mercado privado, que concentra menos del 30% restante.
Es el sector público, quien desde 1992 no ha dejado de crecer y se ha vuelto el mayor comprador de medicamentos genéricos. Por lo tanto, el público debió comprar grandes cantidades de medicamentos solicitados por los pacientes en hospitales y personal médico; mas no hizo nada, escudándose en que no existía una serie de medicinas oficialmente reconocidas para el tratamiento del COVID-19. Y es verdad, no existía, pero lo que sí existía era gran demanda de una serie de medicamentos genéricos ex-ante de la aparición de tal lista, justamente porque el 8 de mayo el propio Gobierno dio a conocer un esquema de tratamiento con medicinas; pero el Estado se hizo de la vista gorda y descaradamente tuvo que señalar a los privados (el 30%) como los grandes culpables, para no dañar su «popularidad».
Ante esto, se tomaron medidas absolutamente arbitrarias como clausuras a farmacias realizadas por municipios por «vender medicinas a precios altos» o por no contar con stock de algunos genéricos, agravando así mucho más la escasez. Pero claro, con aplausos de quienes, fieles al gobierno, se ciegan a la realidad.
Una vez más, el estado empeorándolo todo.
Conculusiones
El control de precios no funciona porque no puede funcionar. No es heterodoxia, es directamente, anti-economía. Porque genera justo lo que la ciencia económica combate: la escasez.
Ya es momento de no tener que explicar conceptos tan básicos de economía y aprender por fin que el control de precios no puede funcionar; y en cambio, apostar por una liberalización del mercado que elimine barreras burocráticas y abra la competencia para conseguir precios menores y beneficios mayores.
Entidades como el Colegio Químico Farmacéutico, personas como Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, y muchísimos políticos y militantes de izquierda han abogado por una intervención estatal en los precios; no obstante, lo único que han demostrado es su profunda y supina ignorancia sobre cómo funciona el mercado.
