Este sábado 25 de setiembre, Iquique fue escenario de protestas contra la llegada masiva e irregular de inmigrantes al país sureño. La manifestación denominada “No + migrantes” congregó alrededor de 5 000 manifestantes y tuvo un desenlace lamentable. Ello luego de que un grupo de personas prendiera fuego a las pertenencias de los extranjeros, en su mayoría venezolanos y haitianos que viven en las calles.
Esto sucedió luego de un desalojo realizado por el cuerpo policial de Carabineros del país en la plaza Brasil. Muchos de los migrantes afectados eran de procedencia venezolana que llevan alojados meses en la zona, pero que han tenido dificultades para regular el permiso temporal. Ellos aseguran que no pueden regular sus papeles por las restricciones sanitarias y la estricta política migratoria en Chile.
Según el alcalde de Iquique, Mauricio Soria, han ingresado entre 150 y 200 migrantes venezolanos de forma clandestina, una cifra considerable para una ciudad de 1 500 habitantes. Es por ello que el alcalde indicó que faltó una mejor organización de parte del Gobierno Nacional. A esta queja se sumó el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, quien responsabilizó de la crisis migratoria a la gestión de Sebastián Piñera. Carvajal asegura que ni él ni el alcalde de Iquique fueron advertidos acerca del desalojo.
La comunidad internacional responde a las protestas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de su relator especial, Felipe Gonzales, se pronunció tras los hechos ocurridos en la plaza Brasil. Gonzales calificó a la quema de carpas de los migrantes de xenófoba, «inadmisible», y una «humillación».
De igual forma, el director ejecutivo de Human Rights Watch en América, José Miguel Vivanco, se mostró decepcionado y calificó de «triste espectáculo» lo ocurrido. Además, instó a las autoridades a proteger a los inmigrantes (incluidos los indocumentados) de los ataques xenófobos.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) también manifestó su preocupación por la situación de los niños inmigrantes y pidió velar por su seguridad y protección de sus derechos.
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Todo este flujo masivo de inmigrantes extranjeros ha causado cierta incomodidad en un sector de la población chilena. Es por ello que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se comprometió a ejecutar las deportaciones masivas y reforzar el plan de frontera con más personal. Con estas medidas, espera detener el paso de personas que quieran ingresar a Chile de forma ilegal.
Desde entonces, se redujo drásticamente la aprobación de cualquier visa para quienes viajaran desde Venezuela. Luego, vino el cierre de fronteras por la pandemia y muchos venezolanos han empezado a llegar tras vivir unos años en Colombia, Ecuador y Perú.
Recordemos que una de las medidas del presidente Pinera en 2018 fue ofrecer unas visas exclusivas para que los venezolanos «tuvieran oportunidades en Chile». Sin embargo, entre enero y julio del 2021, se registraron 23 673 denuncias por ingreso al país a través de pasos no habilitados. La cifra implica casi 7 000 casos más que en todo el año pasado, según la Policía de Investigaciones de Chile.
