El domingo, Uruguay fue escenario de una manifestación contra la Ley de Urgente Consideración. La norma es una de las propuestas emblemáticas de la campaña del actual presidente Luis Lacalle Pou e involucra asuntos de seguridad nacional como la flexibilización de la legítima defensa policial y la regulación del derecho de huelga. Es así que la ley ha ganado opositores, incluyendo al expresidente José Mujica.
Las contundentes expresiones de Mujica
En el Velódromo Municipal se lanzó la campaña para derogar 135 artículos de la LUC. La movilización es liderada por el partido Frente Amplio, agrupación a la cual perteneció José Mujica. Asimismo, también es integrada por agrupaciones externas y otros ciudadanos, quienes respaldaban el evento bajo el eslogan «La LUC no es Uruguay».
Por un lado, el expresidente izquierdista criticó la campaña del gobierno a favor de la ley. Señaló que hay numerosas exageraciones en cuanto a las movilizaciones en contra de la norma.
«No hay que calentarse. Se dicen barbaridades, es un referéndum, una decisión sobre un puñado de artículos de una ley compleja. Hacen un drama. No cambia el gobierno, no cambia el Parlamento, no cambia nada. Si viene algún suizo se horroriza con las cosas que se dicen acá».
José Mujica
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El martes pasado, el Ministerio del Interior sostuvo que la LUC permitió reducir los índices de criminalidad con respecto a 2020. Sin embargo, Mujica rechazó esas declaraciones y señaló que la reducción se originó por la pandemia. Nuevamente, el expresidente mostró su oposición a la normativa de seguridad, señalando su ridiculez mencionando el caso de una madre presa por portar cuatro gramos de marihuana, los cuales llevaba a su marido, quien estaba arrestado.
Por último, reiteró su postura sobre la defensa de la ley, satirizándola y expresando que el gobierno realiza una especie de terrorismo verbal mediante su campaña.
«Dicen que van a largar presos, acá ningún ministro puede largar presos. Se exagera mucho. (…) Está haciendo terrorismo, está haciendo una especie de terrorismo».
José Mujica
¿Qué es una LUC?
De acuerdo con el artículo 168 de la Constitución uruguaya, el presidente tiene la facultad de proponer proyectos de ley o modificaciones a leyes anteriormente dictadas a las Cámaras legislativas. Dichas propuestas, deben llevar la declaratoria de «urgente consideración».
A causa de su urgencia, la ley cuenta con periodos más limitados para su tratamiento. La primera Cámara en recibir el proyecto cuenta con 45 días, mientras que la segunda cuenta con 15 días para pronunciarse sobre el mismo. En caso de que las cámaras no discutan ni desaprueben la propuesta en los plazos determinados, pasará a ser aprobada de forma inmediata.
Debido al corto periodo de tiempo de discusión, la idea de las LUC es que sean propuestas en tiempos de crisis o para modificar una norma cuya necesidad de cambio es imprescindible. Aun así, los presidentes pueden proponer sus proyectos cuando lo consideren necesario siempre que actúen bajo la constitución.
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¿Cuál es la controversia?
La problemática con esta norma gira en torno a dos puntos: la longitud y los asuntos tratados. El documento de asuntos de seguridad contiene 475 artículos, convirtiéndose en la LUC más extenso en la historia uruguaya. Por ello los legisladores consideraron a la norma como irrespetuosa y antidemocrática, dado que su discusión en el senado se dio durante julio de 2020, impidiendo un debate fructífero debido a la pandemia.
Una de las propuestas más polémicas de la LUC es el uso de la fuerza legítima, dado que el documento flexibiliza las condiciones de uso tanto para agentes de seguridad y ciudadanos. Igualmente, la policía adquiere mayor autoridad frente al ciudadano, mediante la obligación de todo ciudadano a identificarse cuando el personal lo disponga.
La propuesta de Lacalle Pou también contempla penas más severas. Particularmente, incrementa los castigos para aquellos ciudadanos que compren o adquieran armas robadas a autoridades policiales. Los presos que destruyan las instalaciones penitenciarias corren la misma suerte.
Finalmente, la norma definió un incremento para los delitos relacionados con el narcotráfico y la violencia sexual en todas sus manifestaciones. En caso de menores con edad imputable, amplía a 10 años su pena máxima. Similarmente, en caso de violación, aumenta de 12 a 16 años el periodo máximo de arresto, y fija en 30 años el castigo por sicariato.
