Una reforma controversial de la Ley de Carrera Judicial ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa de El Salvador. Este cambio jubila automáticamente a un tercio de los 690 jueces del país, y decenas de fiscales mayores de 60 años cuyos años de servicio superan los 30 años.
«No más jueces corruptos y justicia a la medida de grupos de poder»
Asamblea Legislativa de El Salvador
Jueces de primera instancia, magistrados de la Cámara, jueces de paz y el Sindicato de Empleados Judiciales salvadoreños rechazaron esta reforma, llamándola ofensiva e indigna. La Cámara argumenta que la Asamblea Legislativa no tiene facultades constitucionales de reforma de la Ley de Carrera Judicial. Según esto, lo hecho por el partido oficialista Nuevas Ideas, apoyado por los partidos Gana, PDC y PCN, no sería ilegítimo.
«Con estas reformas se vulnera la independencia judicial en el país, y se violan derechos constitucionales como el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, igualdad, dignidad humana, debido proceso y seguridad jurídica»
Magistrados de la Cámara, jueces de paz y jueces de primera instancia a través de un comunicado.
¿Quién nombrará los sustitutos?
La reforma aprobada con el apoyo del oficialismo también permite a la Corte Plena realizar los «traslados y nombramientos correspondientes, necesarios e indispensables en las sedes que quedasen vacantes a fin de que el acceso a la justicia no se vea alterado».
Este organismo, al igual que el fiscal general, se encuentra directamente bajo la autoridad del presidente. Son ellos quienes van a nombrar los remplazos de los jueces que han sido forzosamente retirados de sus cargos. Esto presenta una similar amenaza a la separación de poderes que los eventos del 1 de mayo.
Bukele y el Poder Judicial
En general, este acto aparenta ser una manera eliminar a jueces que no colaboren con el Gobierno de Nayib Bukele. Uno de los afectados por la reforma es el juez a cargo del caso El Mozote, Jorge Guzmán. El caso investigaba una masacre de hasta mil civiles en 1980 y Guzmán pidió a la Fiscalía averiguar si Bukele interrumpió las indagaciones con algún tipo «incumplimiento de deberes, desobediencia, ocultación de documentos y encubrimiento».
La prensa local remarcó que la reforma no «resulta sorpresiva». Según el diario El Faro, Bukele ya había advertido que jueces que no sigan los deseos del Ejecutivo «sufrirán consecuencias». El mismo medio también enfatizó que cuando los juicios no responden a los deseos del mandatario salvadoreño, se acusa a las Cortes y jueces de favorecer intereses ajenos de «benefactores». Ante ello, el oficialismo atacó esta publicación por sus investigaciones que dañan la imagen del Gobierno.
Como se mencionó, esta amenaza contra la independencia judicial sigue los eventos del pasado 1 de mayo. Ese día, la Asamblea Legislativa votó para destituir al Fiscal General Raúl Melara y a los miembros de la Sala de lo Constitucional de la CSJ. Esta acción ya había creado una amenaza contra el orden constitucional y democrático de El Salvador. Importantes actores internacionales, como la OEA y la ONG Human Rights Watch, condenaron la acción al igual que los Estados Unidos.
