La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) indicó que presentará una denuncia contra Jair Bolsonaro por los delitos de genocidio y ecocidio ante la Corte Penal Internacional (CPI). La acción de este mes se suma a otras denuncias internacionales contra el mandatario durante 2019 y 2020.
Según Luis Eloy Terena, coordinador jurídico de APIB, la acusación se debe a los actos cometidos por el mandatario en perjuicio de los pueblos originarios. Entre estos, que no habría garantizado la demarcación de las tierras indígenas y habría permitido la presencia de madereros y mineros ilegales en la Amazonía.
“La APIB ha reunido y analizado todos los actos practicados por Bolsonaro contra los pueblos originarios desde el inicio de su Gobierno y consideramos que hay elementos concretos para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación”.
Luis Eloy Terena.
El delito de ecocidio
Mientras que el delito de genocidio se encuentra tipificado en el Estatuto de Roma, el ‘ecocidio’ no se encuentra regulado por el Tratado que creó la CPI. Sin embargo, el 23 de junio, la fundación Stop Ecocide, agrupó a una docena de expertos en medio ambiente y derecho penal internacional. La comisión, presidida por el exfiscal de la ONU Dior Fall Sow, explicó que el delito consistiría en un crimen contra la humanidad y contra el planeta. En esa línea, se pretendería incluir ese delito en el ámbito de competencia de la Corte en el futuro cercano.
Además, el especialista de APIB indicó existen aspectos importantes para fundamentar la denuncia por ecocidio.
“No se puede hablar de protección de los pueblos indígenas sin garantizar el territorio. Eso es lo que hace imposible la supervivencia física y cultural de nuestros pueblos. Y los pueblos indígenas no son los únicos sujetos de derechos, también lo son los ríos, los lagos, la fauna y la flora de nuestros territorios y, en nuestra cosmovisión, hasta los espíritus encantados que habitan estos espacios”
Luis Eloy Terena.
Esta no es la primera denuncia contra Bolsonaro
El presidente brasileño ya ha sido denunciado ante la CPI durante su mandato. En 2019, fue acusado ante la Corte por el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos (CADHu) y la Comisión Arns. Las instituciones brasileñas para la protección de los DD.HH presentaron a la Corte presuntos indicios de crímenes de lesa humanidad e incitación al genocidio cometidos por Bolsonaro.
En 2020, se le acusó de los mismos delitos por la ineficiente respuesta a la pandemia de Covid-19. En este caso, fue una coalición de organizaciones representantes de los trabajadores de salud la que presentó la acusación a la Corte.
De acuerdo a la Red de la Unión Brasileña UNISaúde, Bolsonaro puso en riesgo a los profesionales de la salud y a toda la población al adoptar «acciones negligentes e irresponsables». La red sindical indicó que el presidente minimizó la situación al pronunciarse en contra de las medidas de aislamiento social y al participar de eventos públicos sin mascarilla. Además, los denunciantes argumentaron su postura alegando que promovió el uso de la hidroxicloroquina y la cloroquina como tratamiento para el Covid-19. Ello a pesar de que la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas desalentó el uso de estos medicamentos.
