El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Judicial alcanza su punto más álgido con una huelga histórica. El 21 de agosto de 2024 marcó un hito en la historia del sistema judicial mexicano. Por primera vez, el Poder Judicial entró en un paro indefinido de labores, en respuesta a la polémica reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta iniciativa, presentada en febrero de 2024, propone cambios radicales en la estructura y funcionamiento del sistema de justicia del país.
La reforma plantea, entre sus puntos más controvertidos, la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Según el presidente López Obrador, el objetivo es «adecentar» lo que ha calificado como un poder «podrido» y al servicio de la oligarquía. Sin embargo, expertos y trabajadores judiciales ven en esta propuesta una amenaza a la independencia del Poder Judicial y una puerta abierta a la intromisión política en materia legal.
Inicio y alcance del paro judicial
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) convocó al paro indefinido, que comenzó a las 00:00 horas del 21 de agosto. La protesta ha tenido un alcance significativo, extendiéndose a 20 de los 32 estados del país. Se estima que más de 55,000 trabajadores del sector se han sumado a la movilización, incluyendo a jueces y magistrados.
El paro ha provocado el cierre simbólico de diversas sedes judiciales, entre ellas el emblemático Palacio de Justicia Federal en la Ciudad de México. Aunque la Suprema Corte y el Tribunal Electoral mantienen sus actividades, en otros juzgados solo se atienden casos considerados urgentes.
Juana Fuentes, directora nacional de JUFED, declaró en su discurso inaugural del paro: «Esta reforma, que bajo el velo de una supuesta modernización del Poder Judicial busca centralizar el poder, pone en riesgo no solo la independencia de jueces, sino también el bienestar de nuestra sociedad en su conjunto».
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Implicaciones de la reforma propuesta
La reforma judicial propuesta por López Obrador implicaría cambios profundos en el sistema actual:
- Elección popular: En lugar del sistema actual basado en méritos y concursos profesionales, los jueces y magistrados serían elegidos por voto popular.
- Nuevos requisitos: Se eliminaría el requisito de edad mínima de 35 años para ser juez o magistrado.
- Reestructuración de la SCJN: Se propone una nueva integración de la Suprema Corte.
- Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
- Implementación de cuatro nuevas reglas procesales.
Críticos de la reforma, como el Dr. Julio Ríos Figueroa, profesor del Departamento Académico de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), argumentan que estos cambios no abordan el verdadero foco de la corrupción en el sistema de justicia, que según él se encuentra principalmente en las fiscalías.
Reacciones y posturas
El presidente López Obrador ha calificado el paro como ilegal y ha acusado a sus promotores de ser «poderosos y corruptos». Sin embargo, ha prometido que no habrá represión en respuesta a la protesta. En su conferencia matutina del 22 de agosto, el mandatario hizo un llamado a los trabajadores del Poder Judicial para que «recapaciten» y «entren en razón», aunque enfatizó que respeta su derecho a la manifestación.
Por otro lado, la protesta ha recibido el respaldo de políticos de la oposición y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Además, diversos colegios de abogados y expertos han advertido sobre el posible impacto negativo de la reforma en los mercados e incluso en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Bank of America, en un reporte reciente, destacó que la reforma «tiene enormes implicaciones para el funcionamiento de la democracia» y expresó preocupaciones sobre la posible baja participación ciudadana en la elección de magistrados y la influencia de partidos políticos, crimen organizado e iniciativa privada en este proceso.
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Consecuencias inmediatas y casos prioritarios
Durante el paro, el Poder Judicial ha anunciado que solo se atenderán casos urgentes debido a la falta de personal. En los Centros de Justicia Penal Federal, se dará prioridad a:
- Calificación de detenciones
- Vinculaciones a proceso
- Modificaciones de medidas cautelares (como la prisión preventiva)
- Determinaciones sobre extradiciones
Asimismo, se atenderán casos donde se considere que está en riesgo la vida de las personas o que involucren a menores de edad. Sin embargo, no se realizarán audiencias, diligencias ni actos procesales que involucren a partes, terceros o autoridades, y tampoco se dará curso a demandas, promociones, oficios ni escritos.
