El 18 de septiembre de 2024, la relación entre Argentina y Venezuela se tensó aún más cuando la Fiscalía General de Venezuela, encabezada por Tarek William Saab, emitió órdenes de captura contra el presidente argentino Javier Milei, su hermana Karina Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esta medida, basada en un incidente diplomático y judicial relacionado con la retención de un avión venezolano-iraní en territorio argentino, ha generado un intercambio de acusaciones entre ambos gobiernos y ha llamado la atención de la comunidad internacional.
Contexto: El incidente del avión de Emtrasur
El conflicto comienza en junio de 2022, cuando las autoridades argentinas retienen un avión de la empresa venezolana Emtrasur, vinculado a la Guardia Revolucionaria Iraní, en el aeropuerto internacional de Ezeiza, en Buenos Aires. Estados Unidos impuso sanciones internacionales al avión debido a sus conexiones con actividades ilegales. Tras varios meses de disputa judicial, el juez argentino Federico Villena autoriza en febrero de 2024 el decomiso de la aeronave, que luego se envía a Estados Unidos.
Este hecho encendió la ira del gobierno de Nicolás Maduro, que lo interpretó como un acto de “robo” y una violación de tratados internacionales. Según la Fiscalía venezolana, las acciones del gobierno argentino habrían transgredido varias normas de derecho internacional, lo que condujo a las acusaciones de «robo agravado, legitimación de capitales, simulación de hechos punibles, e interferencia ilícita en la seguridad operacional de la aviación civil».
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Acusaciones de la Fiscalía venezolana
El fiscal Tarek William Saab, en declaraciones oficiales, señaló que Javier Milei representa un «peligro brutal para todo el hemisferio» y lo calificó como el «violador de derechos humanos más feroz del continente». Además, Saab afirmó que se están realizando investigaciones adicionales sobre supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por Milei y Patricia Bullrich en Argentina, sugiriendo que estas acciones podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
Estas fuertes declaraciones vinieron acompañadas de la designación de dos fiscales especializados en derechos humanos, quienes estarían encargados de llevar adelante la investigación contra las autoridades argentinas. Según Saab, esta investigación podría implicar la intervención de organismos internacionales, dado el carácter de los delitos atribuidos a las autoridades argentinas.
Reacción del gobierno argentino
El gobierno de Argentina reaccionó de inmediato a las acusaciones venezolanas, emitiendo un comunicado a través de la Cancillería, liderada por la ministra Diana Mondino. En dicho comunicado, el gobierno argentino repudió enérgicamente las órdenes de captura emitidas por Venezuela, calificándolas de un acto de represalia política y subrayando que el caso del avión había sido resuelto por el Poder Judicial argentino, el cual actúa de manera independiente del Ejecutivo.
El comunicado también recordó al gobierno venezolano que en Argentina prevalece la división de poderes y que cualquier interferencia en este caso sería una violación de la soberanía judicial del país. Asimismo, en un tono más crítico, el gobierno argentino denunció la falta de independencia judicial en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro.
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Contexto diplomático y tensiones previas
Este nuevo episodio de tensión no puede entenderse de forma aislada, ya que la relación entre Argentina y Venezuela ha estado marcada por diferencias políticas profundas. Apenas un día antes de la emisión de la orden de captura contra Milei, fiscales argentinos habían solicitado la detención internacional de Nicolás Maduro y otros funcionarios venezolanos, bajo acusaciones de violaciones sistemáticas de derechos humanos. Este pedido fue formulado por la justicia argentina como parte de un proceso de investigación impulsado por víctimas venezolanas refugiadas en Argentina.
La solicitud de captura contra Maduro se enmarca en el principio de justicia universal, que permite a países como Argentina investigar y procesar crímenes de lesa humanidad cometidos en otras naciones. Este antecedente ha contribuido a un clima de creciente hostilidad entre ambos gobiernos, con Venezuela acusando a Argentina de intervencionismo.
Posibles implicaciones
La emisión de estas órdenes de captura puede tener serias implicaciones diplomáticas para la región. Si bien es poco probable que la orden de detención se haga efectiva, dadas las tensiones existentes y la falta de mecanismos de cooperación judicial entre ambos países, este hecho podría afectar las relaciones bilaterales a largo plazo. Además, la comunidad internacional, especialmente organismos como la Corte Penal Internacional (CPI), podría verse involucrada en futuras investigaciones tanto sobre el régimen de Maduro como sobre las acusaciones contra Milei y su gobierno.
Es probable que tanto Argentina como Venezuela busquen el respaldo de sus aliados internacionales en este conflicto. Argentina ya ha recibido muestras de apoyo de varios países que condenan la falta de independencia judicial en Venezuela, mientras que Maduro continuará denunciando lo que considera una conspiración internacional para desestabilizar su régimen.
