Líderes opositores de Bolivia se pronunciaron exigiendo una reforma judicial que asegure la imparcialidad de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos. Ello tras la publicación de un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que concluyó que existieron «graves violaciones a los derechos humanos» durante la crisis política del 2019.
Las declaraciones
El exmandatario y líder de la fuerza opositora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, explicó a través de un tweet que una reforma judicial es un requisito para garantizar la justicia. También, concluyó que los jueces y fiscales, sometidos al partido oficialista MAS, no son confiables.
Por su parte, el expresidente Jorge Quiroga explicó que leerá cuidadosamente el informe. Además, enfatizó que las investigaciones correspondientes requieren de una justicia independiente en lugar de la «guillotina azul». Esto último en referencia a los colores del partido oficialista MAS.
El gobernador de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tampoco se mantuvo en silencio. El funcionario ratificó que las violaciones de derechos humanos empezaron en el gobierno de Evo Morales. También añadió que este nuevo informe «desarma» la tesis de golpe de Estado sostenida por Morales.
Declaración conjunta de la oposición
Los partidos de oposición, Creemos y Comunidad Ciudadana (CC), junto al Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), emitieron un comunicado. El cual explica que, a partir del informe de la CIDH, es imprescindible el cambio de operadores fiscales y judiciales para llevar a cabo las investigaciones.
«El sistema judicial no cuenta con las condiciones mínima de independencia, transparencia».
Comunicado Conjunto CC, Creemos y Conade
El informe de la CIDH sobre Bolivia
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló severas violaciones a los derechos humanos. Además, destacó que durante la crisis de Bolivia en 2019 se registraron «masacres de fuerzas policiales y militares contra civiles, incluyendo ejecuciones sumarias». Cabe resaltar que la investigación de la CIDH comprende casos desde fines del gobierno de Evo Morales hasta inicios del gobierno de Jeanine Añez.
Uno de los integrantes del grupo GIEI, Patricio Tappatá, explicó que «al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas».
Frente a ello, el presidente boliviano, Luis Arce, anunció reparaciones para las víctimas y calificó de «golpe de Estado» los sucesos que terminaron con el gobierno de Morales.
«El informe relata con claridad las graves violaciones de derechos humanos, masacres y ejecuciones extrajudiciales que sucedieron en nuestro país durante el golpe de Estado».
Luis Arce
