El Comité Cívico de Santa Cruz (CCSC), junto a líderes de oposición y diferentes partidos, convocaron manifestaciones en contra del actual presidente izquierdista de Bolivia, Luis Arce.
La finalidad de este llamado es la libertad de la expresidenta Jeanine Áñez y el cese de la persecución política en contra de los líderes de las manifestaciones del año 2019 . Además, expresaron su oposición hacia un proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas.
El CCSC y los motivos para la manifestación
El CCSC es una organización cívica dedicada a defender los intereses de varios grupos sociales del departamento de Santa Cruz. Varias instituciones cívicas, políticas y empresariales son parte de esta poderosa organización.
El comité convoca a la ciudadanía boliviana a una «gran marcha» el domingo 10 de octubre y a una huelga nacional el lunes 11. Los expresidentes bolivianos de Derecha Jorge Quiroga y Carlos Mesa se unieron a este llamado. El actual gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el Consejo Nacional de la Defensa de la Democracia también mostraron su apoyo.
«Que cese la persecución política judicial en el caso del falso golpe de estado y se dé libertad a los presos políticos».
RÓMULO CALVO, líder civil del CCSC.
El caso del falso golpe de estado se produjo durante las elecciones presidenciales en Bolivia, en las protestas realizadas en noviembre del año 2019. Estas movilizaciones resultaron en la renuncia de Evo Morales como presidente, luego de ser acusado de manipular las elecciones. Las protestas dejaron 37 muertos y a Jeanine Áñez como presidenta.
El supuesto golpe de estado, según oficialistas, fue liderado por el CCSC. El expresidente de dicho comité y ahora gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, jugó un papel muy importante durante el evento. Camacho incitó a que se continúe con el paro nacional con la finalidad de asegurar el gobierno de transición. Además, convocó a nuevas elecciones en el país. El gobernador contaba con el apoyo de varios de los grupos que formaban parte de las manifestaciones. Usando ese apoyo, Camacho lanzó su candidatura presidencial en las elecciones del 2020.
Ahora el gobernador de Santa Cruz ha sido citado por la fiscalía para declarar acerca de su rol en la renuncia de Evo Morales. El CCSC y la oposición denuncian que Camacho y otros que apoyaron las protestas de 2019 sufren de «persecución política-judicial». La presidenta del gobierno interino, Jeanine Áñez, también forma parte de los supuestos perseguidos. Ella está acusada de terrorismo, sedición y genocidio; debido a los muertos que dejaron las protestas. Áñez, junto a otros miembros de su gobierno, se encuentran en prisión preventiva desde marzo de este año y, en el mes de agosto, la expresidenta intentó suicidarse.
La oposición también ha mostrado su rechazo hacia el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Esta ley permitiría a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) tener acceso a la información requerida sin permiso de las cortes. Los partidos de oposición han llamado a esta ley como un «estado policial» debido al control del Gobierno. Gremios comerciales y empresarios también han mostrado su preocupación.
Por su lado, Evo Morales convocó una marcha el martes 12 hacia La Paz. El exmandatario señaló que «El 12 de octubre habrá una gran movilización».
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