El Consejo de los Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas publicó el «Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela». Para realizar el reporte, la delegación entrevistó a 177 ciudadanos venezolanos, entre ellos exjueces, fiscales y abogados defensores víctimas de la represión.
La Misión de las Naciones Unidas analizó los casos de 183 detenciones de opositores realizadas entre 2014 y agosto de 2021 con el fin de identificar el irregular funcionamiento del sistema de justicia. Con dicho análisis, se determinó el irrespeto de la Constitución de 1999—impulsada por Hugo Chávez—y la injerencia del Gobierno en la justicia.
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Antecedentes al informe
De acuerdo con las Naciones Unidas, Venezuela atraviesa una debacle social y económica, que provocó la salida de 6 millones de personas del país. En respuesta, el Consejo de Derechos Humanos de la organización publicó la resolución 42/25 el 27 de septiembre de 2019, donde fundó la Misión encargada de redactar el reciente informe.
El 15 de septiembre de 2020, la delegación presentó su primer informe al CDH. Pero este no ha sido el último, ya que la resolución 45/20 prorrogó el mandato de la Misión hasta septiembre de 2022. Ello debido a las continuas denuncias de asesinatos, detenciones arbitrarias y múltiples violaciones a derechos fundamentales orquestadas por el Gobierno de Maduro.
Pese a las 17 cartas de ingreso enviadas entre septiembre de 2020 y el presente mes en 2021, el Gobierno rechazó el ingreso de los representantes de la ONU. Igualmente, las autoridades venezolanas negaron su intención de cooperar con la investigación mediante en el envío de información solicitada.
El sistema de justicia en Venezuela
Actualmente, el sistema judicial esta dominado por la clase política oficialista. De acuerdo con el informe presentado esta mañana, las autoridades seleccionaron a 29 de los 32 magistrados según su posición en el espectro político. Asimismo, en 2015, el Presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, presionó a 13 magistrados para acoger la jubilación anticipada. Esto con la finalidad de eludir el proceso constitucional de destitución de los funcionarios.
Por otro lado, el estudio menciona el recibimiento de indicaciones de «altos cargos» a jueces para casos políticos. La investigación afirma que las instrucciones provenían del Presidente del Tribunal Supremo y que las órdenes se transmitían mediante declaraciones televisadas o llamadas telefónicas.
«Un abogado defensor dijo que en casos políticos también ha observado que, «antes de tomar una decisión, los jueces abandonan la sala para poder recibir instrucciones de sus superiores».
Informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Uno de los problemas más reportados en el informe es la emisión de órdenes de prisión preventiva injustificadas. Para ello, los jueces actuaron de la mano de organismos de inteligencia como el SEBIN o el DGCIM para determinar arbitrariamente las privaciones de libertad.
Violaciones a los Derechos Humanos
Los exjueces y exfiscales reportaron ser víctimas de hostigamiento y represalias políticas por parte de colectivos o grupos armados no estatales. De igual forma, señalaron que sus familiares han sido objetivo de amenazas e intimidaciones.
También, cabe resaltar que gran parte de los arrestos consisten en detenciones forzosas. Estos eran realizados sin previas órdenes de arresto y sin explicar los motivos de la imputación. Incluso, las autoridades no se identificaban al momento de la detención, llegando a encubrir sus rostros.
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Los responsables transportaron a los detenidos con los ojos vendados y a la fuerza. Las víctimas entrevistadas reportaron el uso de tácticas criminales, como el secuestro de familiares o amenazas y golpizas en las prisiones. De hecho, una de las víctimas informó haber sido objeto de tortura y una amenaza de uso del «Sippenhaft». Como aclara el informe, esta se trata de una táctica de castigo colectivo empleada por los nazis.
«He sido objeto de alrededor de tres meses de torturas continuas, golpes a las 12:00 del mediodía, a las 6:00 de la mañana, a las 3:00 de la mañana».
Testimonio del informe del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
De las 183 detenciones investigadas, 82 personas presuntamente sometidas a tortura continuaron imputadas de delitos por las autoridades fiscales y judiciales. Sin embargo, el informe menciona que múltiples «confesiones, declaraciones incriminatorias y pruebas» se obtuvieron de manera ilegal. De acuerdo a la propia Carta Magna de Venezuela, las confesiones solamente son válidas al ser realizadas sin ningún tipo de coacción y en presencia de representantes legales.
Por todo lo anterior, la Misión de la CDR concluye que el Gobierno de Nicolás Maduro y el sistema judicial contribuyeron a la represión a opositores en el país.
«La Misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión Estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos».
Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
