Una resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aprobada por la Asamblea General, establece que las elecciones de Nicaragua «no tienen legitimidad democrática» y aprueba una «evaluación colectiva inmediata» de las elecciones y situación en el país. La resolución fue aprobada por 25 países de los 34 estados miembros y siete se abstuvieron.
El pasado domingo, Nicaragua realizó unas controversiales elecciones presidenciales que vio a Daniel Ortega ser reelegido con un 81% de ausencia. Las elecciones se realizaron sin una oposición política de verdad, debido al encarcelamiento de varios miembros de la oposición. Ortega controla gran parte del aparato del estado incluido el sistema electoral, el Parlamento y el poder judicial. Debido a esta concentración de poder, la Comisión Internacional de Derechos Humanos afirmó que era imposible tener elecciones justas.
La resolución aprobada estableció que las elecciones del pasado domingo «no fueron libres, justas ni transparentes». Además, afirmó que las instituciones democráticas fueron «gravemente socavadas» por el gobierno. Por último, esta pide que el Consejo Permanente realice una investigación de la situación para el 30 de noviembre y que tome «las acciones apropiadas».
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La OEA y la democracia
La OEA es una organización multinacional. Entre sus propósitos tiene consolidar la democracia y proteger los derechos humanos en los países miembros. La resolución aprobada se basa en la Carta de la OEA y, especialmente, en la Carta Democrática Interamericana. La Carta Interamericana, firmada en Lima en 2000, es un instrumento que sirve para fortalecer y preservar la democracia. En esta se establece que la alteración del orden democrático de manera negativa es un obstáculo para la participación de un estado en la OEA.
La decisión de realizar una evaluación sobre la situación en Nicaragua esta basado en el Artículo 18 de la Carta Interamericana. La investigación la realizara el secretario general, quien reportará sus averiguaciones al Consejo Permanente, entidad compuesta por los representantes de todos los estados miembros. El consejo realizará una «apreciación colectiva de la situación» y tomará una decisión para preservar la democracia.
Una de las opciones posibles es la aplicación del Artículo 21 de la Carta Interamericana. Este artículo permite suspender a un estado miembro de la OEA si se considera que se rompió el orden democrático y que las acciones diplomáticas no están funcionando. La organización usó el similar Artículo 20 para suspender a Honduras de la OEA tras un golpe de estado contra el presidente electo. Honduras se reincorporó a la OEA dos años después tras el retorno del presidente.
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Reacción de diferentes estados
Nicaragua por su parte anunció que rechazó «de manera más categórica el proyecto de resolución» a través de su representante Michael Campbell. Este también denunció que entre los proponentes se encontraba la delegación de Juan Guaidó representando a Venezuela. Campbell lo calificó como «un impostor que usurpa el lugar de Venezuela» y dijo que esto sumaba la ilegalidad de la resolución.
México votó en abstención y comentó que mientras se preocupa por el gobierno de Ortega, decidirá mantenerse al margen para seguir sus lineamientos de no intervención. Este también advirtió que no acepta que la organización crea poseer poderes supranacionales para intervenir en asuntos internos. Por su parte, Bolivia recordó el rol de la organización en la crisis electoral que el país vivió, en 2019, mientras votaba en abstención.
Otros países por su parte se denostaron satisfechos con el rol de la OEA. La Republica Dominicana y Uruguay señalaron el rol importante que juega la OEA en proteger y fortalecer la democracia en el continente. Los Estados Unidos fue más lejos y mencionó considerar consecuencias «concretas» contra Nicaragua por romper el orden democrático.
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