La agrupación política Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), opositora del Gobierno de Daniel Ortega, reportó este miércoles el arresto de Álex Hernández, un dirigente político y miembro del Consejo Político de la UNAB. Su desaparición se suma a una serie de arrestos, que incluyen a 7 aspirantes presidenciales de Nicaragua.
Hernández ha sido un constante opositor del oficialismo. Anteriormente, la Policía nicaragüense lo arrestó en una marcha contra el Gobierno en el mes de setiembre del año 2018. Debido a estos antecedentes, la PNN lo vigilaba con constancia, razón principal de sus constantes mudanzas.
Este lunes, tras 24 horas de incomunicación, la UNAB informó la desaparición del dirigente. Sin embargo, horas después, se reportó que el miembro del Consejo Político fue arrestado fuera de su lugar de hospedaje, información confirmada por vecinos de la zona.
Con este nuevo arresto, ya son 11 los líderes de la agrupación secuestrados bajo la modalidad de desaparición forzosa, dentro de los cuales 4 son parte del Consejo Político.
Hasta el momento, la Policía de Nicaragua no ha confirmado la detención de Hernández ni se ha pronunciado sobre el caso.
Amnistía Internacional se pronuncia sobre Nicaragua
El país reporta 35 arrestos políticos. Dentro de esta cifra, se encuentran 7 aspirantes a cargos presidenciales acusados de «traición a la patria»: Féliz Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre. Además, la coyuntura política provocó que los ex-aspirantes presidenciales, María Asunción Moreno y Luis Fley, abandonaran Nicaragua por motivos de seguridad personal.
En ese contexto, Amnistía Internacional publicó ayer el informe: «¿Dónde están? Desaparición forzada como estrategia de Nicaragua». En el reporte, estudia 10 casos de desapariciones forzadas a causa del ejercicio de la libertad de expresión o por activismo político.
De acuerdo con la organización no gubernamental (ONG), la vigilancia y hostigamiento a personas consideradas como opositoras por el Gobierno no ha cesado desde el año 2018. Indicaron que, desde el 28 de mayo del 2021, la detención forzosa se ha convertido en una estrategia de silenciamiento. Ello justifica los 30 arrestos políticos detectados hasta el momento.
«El Gobierno de Daniel Ortega implementa una nueva estrategia para intentar acallar a quienes alzan la voz. Al desaparecer a opositores, activistas y periodistas, Ortega muestra el temor que le tiene a la crítica y a la denuncia»
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Finalmente, la ONG sostuvo que las detenciones forzosas conforman una violación a las normativas internacionales porque quebrantan el respeto a los derechos humanos.
