El gobierno de Nayib Bukele no hace más que hundir a El Salvador frente a la comunidad internacional. Recientemente, una investigación del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU.) reveló que funcionarios políticos habrían abierto espacios de negociación con la peligrosa banda criminal «Mara Salvatrucha» (MS-13). Mientras que, la ONG Human Rights Watch denunció restricciones a la libertad de expresión y acceso a la información hacia opositores.
Las acusaciones reiteran la imagen autoritaria del mandatario. Especialmente seguido de la toma militar del Congreso en febrero del 2020 y el creciente control del sistema judicial en el país. Ello ha debilitado las relaciones diplomáticas de El Salvador, mayormente con EE.UU. desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca.
Nayib Bukele y la Mara Salvatrucha
Los funcionarios Osiris Luna y Carlos Marroquín organizaron una serie de reuniones secretas en las que participaron líderes criminales encarcelados. En ellas, se permitió el ingreso de pandilleros conocidos a las instituciones penitenciaras para dialogar con los altos mandos de las bandas. El primer funcionario era el Jefe del Sistema Penal Salvadoreño y Viceministro de Justicia y Seguridad Pública. Mientras que el segundo, Presidente de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social.
El objetivo de las reuniones era establecer una tregua con las pandillas. Aunque, el gobierno también habría ofrecido beneficios financieros, teléfonos celulares y prostitutas a la «Mara Salvatrucha» y más bandas criminales en 2020. Esto último, para garantizar que los incidentes de violencia y el número de homicidios confirmados se mantuvieran bajos en el país.
La «Mara Salvatrucha» es una de las pandillas más peligrosas en América. En principio, fue formada por inmigrantes salvadoreños en Los Ángeles durante los años 80s. Sus actividades delictivas incluyen el tráfico de drogas, secuestros, asesinatos, extorsión y delitos de inmigración. En ese sentido, la tregua realizada por el gobierno podría ser beneficiosa para el pueblo salvadoreño, así como para gran parte de América Central.
Sin embargo, eso no fue lo único negociado. El grupo criminal también acordó brindar apoyo político al partido «Nuevas Ideas» para las elecciones parlamentarias del 2021. Se trata del partido político de Nayib Bukele, el cual ganó una mayoría legislativa de 2/3 en el proceso electoral. De esta manera, la revelación es una ofensa a las víctimas del grupo criminal.
En el reporte, el gobierno de EE.UU. sancionó a Osiris Luna y Carlos Marroquín bajo la Orden Ejecutiva 13818 por participar en actos de corrupción en representación de Nayib Bukele. Asimismo, todas sus propiedades en EE.UU. quedarán bajo control de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés).
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El control de la oposición
El día de hoy, Human Rights Watch (HRW) reportó que las autoridades de El Salvador, incluyendo al presidente Bukele, están bloqueando a opositores en las redes sociales. La ONG identificó 91 cuentas bloqueadas-la mayoría en Twitter-, las cuales incluyen a periodistas, abogados activistas y civiles.
En su mayoría, el bloqueo ha sido realizado por la cuenta de Nayib Bukele. Aunque, también por las cuentas de la Oficina del Presidente, la Oficina de Prensa del Presidente y la Oficina del Secretario de Comunicaciones. Según HRW, esto conforma una violación a los derechos de libertad de expresión y al acceso a información, al igual que a la participación en la conducción de los asuntos públicos. Aunque, más que eso, un esfuerzo para silenciar a los críticos y obstaculizar la transparencia.
«El Presidente Bukele utiliza las redes sociales como uno de los principales medios de comunicación para anunciar decisiones gubernamentales e interactuar con el público, a tal punto que su cuenta de Twitter prácticamente se ha convertido en el Diario Oficial de El Salvador. Al bloquear a personas con las que está en desacuerdo, Bukele les niega el acceso a información pública y restringe su interacción con los funcionarios que las representan.»
Juan Pappier, investigador senior para las Américas de HRW
La ONG sostiene que Bukele pretende obstaculizar a las agencias internacionales defensoras de los Derechos Humanos. Ello, a través de la introducción del proyecto de ley para los «Agentes Extranjeros». Dicho proyecto, regularía el trabajo de grupos de la sociedad civil que reciben financiamiento extranjero. Su introducción se da seguida de una serie de medidas contra grupos de la sociedad civil, como la creación de una comisión legislativa para investigar la asignación de fondos a ONG o investigaciones arbitrarias.
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