El 9 de febrero, el mandatario mexicano mencionó, durante su conferencia de prensa matutina, que sería mejor pausar las relaciones con España. El motivo es la presencia española en la industria energética, la cual es considerada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como «un robo». Los comentarios del presidente serían parte de su agenda política, ya que, desde su llegada al poder, viene impulsando reformas en el sector energético para aumentar la participación pública.
«Ahora no es buena la relación (…) y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles.»
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
¿A qué se refería AMLO?
Más tarde, el presidente mexicano aclaró sus dichos, mencionando que no se refería a romper las relaciones bilaterales con España; y simplemente se trataba de un comentario. En realidad, se refería a la participación de empresas españolas, especialmente en el sector energético.
Del mismo modo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España dio su respuesta por medio de un comunicado. En este rechazó las descalificaciones realizadas por AMLO contra las empresas españolas. Además, se resaltaron los profundos lazos entre ambos países, donde España es el segundo mayor inversor en México con 7.000 empresas en este país.
Ciertamente, AMLO alega que estas empresas habrían firmado contratos en condiciones ventajosas apoyados en los intereses particulares del anterior poder político de México. Por ejemplo, la privatización de Petróleos Mexicanos (PEMEX) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; que implicó el aumento del gasto en subsidios para salvarla a toda costa.
«Estamos hablando de subsidios, dinero de todos los mexicanos que, en vez de usarse para sacar de la pobreza al pueblo, se usaba para favorecer a estas empresas»
Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
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La agenda política de AMLO
López Obrador llegó al poder con la promesa de expandir el control estatal de la energía de México. Y principalmente después de las críticas recibidas por su manejo de la crisis sanitaria, de la mano de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ha impulsado una reforma energética.
Por ende, buscó reformar la Ley de la Industria Eléctrica. Esto generó rechazo por parte de la población, pues la modificación pone como principal productor de energía a la CFE. Asimismo, arriesga 22 mil millones de dólares en contratos de energía limpia, lo cual promueve la contaminación ambiental.
La reforma no ha sido puesta en práctica, ya que se estableció que la Cámara de Diputados junto con el sector privado, academia, expertos y sociedad civil tendrán que discutir y votar por esta en un plazo de 1 mes, el cual vence este 15 de febrero.
¿Energía para todos?
La iniciativa de ampliar la participación estatal en la producción de energía y reducir la presencia de privados «ladrones» se justifica en el objetivo de brindar mejores tarifas para la población. Sin embargo, de acuerdo a especialistas energéticos, ecologistas y economistas, la iniciativa generaría más daños que beneficios.
En primer lugar, de acuerdo a la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la reforma resultará en apagones, desabastecimiento y el incremento de las tarifas en el país. Ello, debido a que desalentará la inversión extranjera, y al reducir la oferta el precio aumentará, perjudicando directamente a la población.
De igual manera, la población se ve afectada en su salud, pues los combustibles utilizados por CFE para producir energía están compuestos principalmente por azufre, el cual es inhalado por la población causando daños en los pulmones.
Por último, desde el punto de vista económico, el hecho de que el país mantenga la estabilidad en el mercado interno depende del futuro de esta reforma; donde su aprobación representa un escenario de inflación.
