México ha emprendido una demanda contra once empresas fabricantes y comercializadoras de armas norteamericanas ante la Corte Federal de Massachusetts. Según el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), las prácticas de estas corporaciones son «ilícitas» y contribuyen al tráfico de armas a través de las fronteras.
La presentación del recurso legal estuvo encabezada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien resaltó que las empresas deben tener responsabilidad después de consolidar las ventas de sus productos. Para el encargado de la cartera de Exteriores, el primer objetivo de esta denuncia es que «compensen al Gobierno de México por sus prácticas negligentes».
Según Ebrard, «están íntimamente vinculadas estas armas a la violencia que vive México hoy». Por eso, afirmó que la única vía para que estas personas comprendan el daño que provocan es que reciban sanciones.
Alejandro Celorio, consejero jurídico de Exteriores, señaló, por su parte, que los daños provocados equivalen a entre 1.7 % y 2 % del Producto Bruto Interno (PIB). Por lo tanto, pretenden obtener una compensación de al menos 10 mil millones de dólares.
Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores no solo espera que se les impongan castigos administrativos. Lo que también buscan es que estas corporaciones financien campañas de prevención de tráfico ilícito de armas en territorio mexicano.
17 mil asesinatos en México
Se estima que el 70 % de las armas traficadas a México provienen de Estados Unidos. Además, se alega que la venta y transporte ilegal de armamento ha contribuido con cerca de 17 mil asesinatos en el país presidido por AMLO.
Reafirmando esta tesis, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de fuego y Explosivos de Washington encontró que, entre 2014 y 2018, siete de cada diez armas recuperadas por la policía mexicana, y enviadas con ellos para su análisis, eran de origen norteamericano.
Pablo Monroy, consultor jurídico adjunto de la Cancillería, explicó que los demandados fabrican, precisamente, los tipos de armas que son normalmente incautadas por las fuerzas del orden a organizaciones criminales. Entre las empresas acusadas por el Gobierno de México destacan: Smith & Wesson Brands, Barret Firearms Manufacturing, Glock Inc, y Interstate Arms, proveedor de todos menos uno de los distribuidores a tiendas minoristas en suelo estadounidense.
«Pese a que estas compañías tienen conocimiento sobre el comercio ilegal de sus productos y la violencia armada que alimentan en México, no adoptan controles necesarios, sino que apuntalan sus prácticas para obtener mayores ganancias».
Pablo Monroy
¿Habrán roces con Estados Unidos?
La Fundación Nacional de Tiro Deportivo (NSSF) de Estados Unidos emitió un comunicado rechazando la acusación mexicana sobre la «negligencia» de sus prácticas comerciales.
«Las acusaciones no tienen fundamento. El Gobierno mexicano es responsable por el crimen rampante y la corrupción en sus fronteras».
Lawrence G. Keane, vicepresidente y consejero legal de la NSSF
A pesar de la importancia de esta asociación, la Casa Blanca no se ha pronunciado al respecto. Lo que se conoce es que la embajada estadounidense en México fue informada de la imposición de la demanda en una Corte Federal.
El canciller aclaró que la denuncia presentada este 4 de agosto no pretende modificar el ordenamiento interno norteamericano. Ebrard indicó que lo que se espera es que se impongan estándares más estrictos para las empresas del sector armamentista. Además, agregó que los países vecinos ya trabajan en estrategias para enfrentar el tráfico ilícito de armas, por lo que no anticipa «ningún tipo de diferencia diplomática con los Estados Unidos».
