Mientras la cuarentena continúa de forma gradual en diversas partes de Latinoamérica; las tragedias que involucran a las comunidades indígenas, se continúan suscitando en diversas regiones. Tanto Colombia como Perú, comparten lazos históricos, por las actividades extractivas legales o ilegales que comprometen el equilibrio social que circunda las regiones naturales.
Colombia
Bajo circunstancias de momento desconocidas, al menos tres miembros de la comunidad indígena awá fueron asesinados en el departamento de Nariño, al suroeste de Colombia. Autoridades informan que el número podría ascender a 12 víctimas, debido a que las investigaciones han sido ralentizadas por el contexto geográfico.
Este evento ha sido registrado tres días después del asesinato de 9 jóvenes de un municipio cercano, donde horas antes también había sido asesinado una mujer. El alcalde de Ricaurte, Eder Burgos aseveró que esta situación “viene afectando a estas comunidades por la intensificación del conflicto, de la confrontación y las muertes violentas”. La masacre también ha seguido al asesinato de cinco adolescentes en Cali.
La zona donde ocurrió la matanza, es uno de los centros cocaleros más estratégicos del país. Se encuentra bajo la disputa de diferentes grupos armados, entre bandas criminales narcotraficantes y órganos de origen paramilitar.
Según un último informe de la ONU, se han documentado alrededor de 33 masacres en el país durante todo el 2020. A partir de un informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia, se ha registrado el asesinato de alrededor 242 miembros de comunidades indígenas, desde la firma de paz con las FARC en 2016.
Perú
Cabe resaltar, que nuestro país no ha sido ajeno a esta forma de tragedia. La vida de tres integrantes de comunidades amazónicas fue fulminada por las fuerzas policiales en Loreto, durante pleno Día Internacional de Pueblos Indígenas. Un grupo de 70 personas decidió paralizar las actividades de una base petrolera de la empresa PetroTal, alegando que esta produjo derrames cerca de la zona, por haber continuado sus labores dentro del estado de emergencia. “La policía, entre la turba, empezó a tirar ráfagas”, señaló la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). De la confrontación, también 4 personas resultaron con heridas leves, y 6 con heridas de gravedad.
Durante la cuarentena, los derrames de petróleo no cesaron. El 9 de abril se reportaron dos en Barrio Florido y en Santa Clara de Ojeal, y también se confirmó otro en la refinería Iquitos, a cargo de la empresa estatal Petroperú. Los pobladores de estas comunidades campesinas se vieron afectados por el aislamiento, la falta de abastecimiento de alimentos y por la polución medioambiental.
La protesta realizada el 9 de agosto además de tener como finalidad dar a conocer el rechazo a la empresa petrolera, objetó al Estado por su abandono ante la muerte de los familiares de los protestantes, que en el contexto, no recibieron tratamiento.
“Envíennos médicos, medicinas y no policías”, sentenció Lizardo Cauper, presidente de la AIDESEP.
Horas después del enfrentamiento, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO) emitió un comunicado que exige una investigación para determinar a los culpables de la matanza. En el mismo, solicitaron al Estado establecer una mesa de diálogo.
