Un tribunal de Cuba sentenció a un grupo de 20 manifestantes que participaron en la marcha del 11 de julio del año pasado. Entre ellos, se encuentran 5 menores de edad. Los acusados recibieron una condena de entre 5 y 20 años de cárcel por el delito de sedición.
La noticia se dio a conocer este martes por medio de la página de Facebook del colectivo Justicia 11J, el cual sigue de cerca los juicios. También, publicaron una lista con los nombres de los manifestantes acusados, sus edades y sentencias. Tres de los acusados fueron llevados inmediatamente a prisión sin notificación previa.
Además, junto a la lista, se publicó el testimonio en audio de William Manuel Leyva Pupo, un manifestante de 20 años condenado a 12 años de cárcel. En él, denuncia las pésimas condiciones en las que se encuentran los protestantes en la prisión.
«No nos dan derecho al sol. Nos maltratan. No me dejaban hablar con nadie. Esto no es justicia».
William Manuel Leyva Pupo
En total, son 1.395 manifestantes detenidos, de los cuales 175 ya han sido sentenciados y 551 están sometidos a juicio. En enero de este año, la Fiscalía cubana presentó cargos a 790 protestantes por los cargos de sedición, ataques violentos, robo y vandalismo. De este grupo, 55 son menores de edad.
En Cuba, la mayoría de edad se obtiene al cumplir los 18 años. Pero, la responsabilidad penal y la obligación del servicio militar rigen a partir de los 16 años.
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El 11J
El domingo 11 de julio del 2021, miles de cubanos salieron a protestar contra el régimen del Partido Comunista, que lleva más de 60 años en el poder. En La Habana y otras 40 ciudades, se escucharon la disconformidad sus habitantes por el desabastecimiento de bienes básicos y el lento plan de vacunación contra el COVID-19.
También, exigieron un cambio en el régimen político a los gritos de «¡Libertad!», «¡Abajo la dictadura!» y «¡Patria y Vida!», contrario al lema revolucionario «Patria o muerte». Pero, las marchas terminaron en enfrentamientos violentos con la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el arresto de más de mil personas.
Ese mismo día, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel autorizó la importación de alimentos, artículos de higiene y medicamentos traídos del extranjero libre de aranceles y sin límite de del valor a la importación hasta el 31 de diciembre. También, reconoció el desabastecimiento de medicamentos, pero culpó, nuevamente, al bloqueo de Estados Unidos.
Según el mandatario, el Gobierno norteamericano y «mercenarios» locales habrían empezado una campaña en redes sociales con el fin de provocar las manifestaciones. Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU defendió las protestas ciudadanas, refiriéndose a estas como el derecho de los cubanos a manifestarse de manera pacífica.
«Como si los brotes pandémicos no hubieran existido en todo el mundo, la mafia cubanoamericana, pagando muy bien en las redes sociales a influencers y youtubers, ha creado toda una campaña y ha convocado manifestaciones en todo el país».
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.
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Abusos contra los manifestantes
La organización Human Rights Watch (HRW) acusó al Gobierno de Cuba de llevar a cabo, de manera sistemática, arrestos arbitrarios, maltratos contra los detenidos y juicios abusivos en represalias a las protestas del 11J. Un informe de la ONG Cubalex, detalló la violación de los derechos de 130 personas en 15 provincias de la isla.
Algunos de los manifestantes, según el informe, fueron interrogados de manera repetitiva por el financiamiento de la protesta. Otros, fueron privados del sueño, agredidos físicamente o amenazados con atentar contra ellos o a sus familiares por protestar.
HRW recogió el testimonio de Gabriela Zequeira Hernández, estudiante de 17 años, quien fue detenida en la provincia San Miguel de Padrón, La Habana, cuando pasaba cerca de la manifestación. Cuenta que, tras su arresto, dos oficiales mujeres la obligaron a realizar 5 sentadillas desnuda mientras tosía y presionaba su propio estómago.
Una de las agentes le ordenó inspeccionar su vagina con su dedo. Al igual que Gabriela, otras 150 personas, entre víctimas activistas, familiares y abogados con conocimiento directo del caso, también fueron entrevistadas por HRW.
