Las autoridades de la región administrativa especial china, afines al gobierno central de Pekín, la consideran necesaria para garantizar la estabilidad, pero voces críticas temen que erosione aún más las libertades civiles.
En que consiste esta nueva ley
El parlamento de Hong Kong aprobó este martes una nueva ley de seguridad tan estricta como polémica. El Artículo 23 recoge nuevos delitos como la interferencia externa y la insurrección, con penas hasta de cadena perpetua. Y, en la práctica, amplía la controvertida Ley de Seguridad Nacional que ya había impuesto China y está vigente desde 2020, donde se tipifican como delitos la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras. El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, especificó que el Artículo 23 es necesario para protegerse contra “potenciales sabotajes y corrientes subterráneas que intentan crear problemas”, en particular “las ideas de un Hong Kong independiente”.
La versión de 2024 del Artículo 23 autoriza los juicios a puerta cerrada y le otorga a la policía el derecho a detener a los sospechosos hasta durante 16 días sin cargos. El gobernador también tendrá autoridad para prohibir a organizaciones y empresas operar en Hong Kong si «trabajan para fuerzas extranjeras». El proyecto de ley expande así la Ley de Seguridad Nacional, que ya criminaliza la secesión, la subversión, el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras.
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Estos son algunos de los delitos que contempla
- Robo de secretos de Estado y espionaje: su amplia definición de «secretos de Estado» incluye «decisiones políticas importantes», «desarrollo económico o social» y los «asuntos externos» de Hong Kong, entre otras cosas. La redacción es casi idéntica a la de la ley de secretos de Estado de China, que Pekín está buscando ampliar.
- Sabotaje que amenaza a la seguridad nacional: este nuevo delito apunta a las personas que ponen en peligro la seguridad nacional, ya sea intencionalmente o por “imprudencia”, e incluye acciones online.
- Injerencia externa: otra figura nueva que se refiere a actos de colaboración con «fuerzas externas» para influir o interferir con las autoridades nacionales y locales, como recibir apoyo o dirección financiera de gobiernos extranjeros, organizaciones políticas o individuos.
- Insurrección: implica ayudar a una fuerza armada, o la organización a la que esta pertenece, en un conflicto armado contra China. Las autoridades han señalado repetidamente los disturbios en las protestas prodemocráticas de 2019 como motivos para establecer este nuevo delito.
- Traición: el nuevo proyecto de ley expande la figura de «traición» a quien tenga conocimiento de un supuesto acto de este tipo, pero no lo reporte a las autoridades.
Los declarados culpables de traición, insurrección, incitación a motín a un miembro del ejército chino o colusión con una fuerza externa para dañar o debilitar la infraestructura pública podrán ser condenados a cadena perpetua.
Aprobación exprés
El proyecto de ley se aprobó en el parlamento hongkonés sin apenas oposición este martes 19 de marzo, tras una consulta de un mes de duración. La cámara aceleró la fase final de la aprobación del Artículo 23, que se tramitó en el tiempo récord de dos semanas. Por otro lado, el jefe ejecutivo -la máxima autoridad regional de Hong Kong- anunció que lo ratificará el 23 de marzo para su entrada en vigor como ley. Bajo el principio de «un país, dos sistemas», en teoría el estatus político de Hong Kong concede a este territorio cierto grado de autonomía política y judicial. Sin embargo, en la práctica, este sistema está fuertemente intervenido por Pekín, que controla el proceso de selección del jefe ejecutivo, asegurándose de que este se alinee con los intereses del gobierno central.
En cuanto al parlamento, China minimizó la proporción de escaños de elección directa, limitando la representación democrática. Estas medidas, junto con la intervención en asuntos legales y educativos, han provocado protestas en los últimos años de ciudadanos que acusan a Pekín de no respetar la promesa de autonomía a Hong Kong.
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Resistencia de los hongkoneses
Aprobar este proyecto de ley está en la agenda de las autoridades pro-Pekín desde hace más de dos décadas. Un primer intento en 2003 fracasó después de que los hongkoneses protagonizaran protestas masivas. Medio millón de ciudadanos salieron a las calles y se enviaron más de 90.000 alegatos al texto durante un período de consulta de tres meses, lo que obligó a las autoridades a dar marcha atrás.
La administración dirigida entonces por Tung Chee-Hwa retiró la propuesta y dimitió su ministra de seguridad. El gobierno asegura que ahora, en 2024, la promulgación del Artículo 23 tiene un apoyo del 99% según una reciente consulta pública, cifra que expertos ponen en duda. También argumenta que la vigente Ley de Seguridad Nacional impuesta por Pekín en 2020 ha restaurado la estabilidad en la ciudad tras las protestas generalizadas en favor de la democracia de 2019.
Conclusión
No cabe duda que la aprobación de esta nueva ley de seguridad en Hong Kong recorta las libertades y por ende, la democracia. Sin embargo, recordemos que la República Popular China no se caracteriza precisamente por las formas democráticas que aplica en su gobierno. Excusa que sigue siendo insuficiente frente a las más de 260 personas arrestadas por alzar su voz de protesta frente a esta ley.
Emily Lau, exlíder del Partido Demócrata de Hong Kong, recordó que el anterior intento de legislar el Artículo 23 hace dos décadas generó discusiones y debates que fueron «permitidos por el gobierno». Esta vez, sentenció que, “el ambiente es totalmente diferente». El Hong Kong de entonces y el de ahora son como dos mundos distintos» Lo que exacerba aún más la importancia de mantener el ambiente democrático en oriente y como el avasallamiento desde Pekín estaría yendo en sentido contrario a esta premisa.
