La lista es larga cuando se habla de exmandatarios del continente envueltos en acontecimientos que tienen lugar en las cortes, conocidos casos judiciales que en algunas ocasiones los han llevado a perder su libertad.
Desde Bolivia a Brasil, pasando por Colombia, Ecuador, Argentina, México y Perú; la política latinoamericana languidece en manos de expresidentes salpicados por escándalos de corrupción, responsables de una tensión social y precariedad institucional.
Bolivia
En medio de tensiones entre el oficialismo, el cual busca la “justicia” ante lo que consideran un “golpe de Estado” contra Evo Morales, y la oposición, que denuncia una “persecución” política —con pronunciamientos de organismos internacionales a favor del debido proceso—, la última mandataria de Bolivia, Jeanine Áñez, se encuentra en prisión desde hace más de un mes.
Por el caso llamado “golpe de Estado”, Áñez, junto a otros representantes del gabinete interino que presidió, se encuentra hoy detenida preventivamente bajo los cargos de sedición y terrorismo, los mismos en que se basaron las denuncias durante la crisis política y social del país a finales del 2019, que derivó en la renuncia de Morales a la presidencia y la anulación de los comicios de ese año.
Brasil
Los casos de Lula da Silva y Alberto Fujimori (Perú) fueron, probablemente, los más destacados en la región en los más recientes años.
Condenado por delitos de corrupción y blanqueo de capitales, Lula da Silva fue sentenciado a 12 años de cárcel. El ex presidente permaneció en prisión desde abril del 2018 hasta noviembre del 2019, cuando recuperó su libertad al verse beneficiado por una decisión del Tribunal Supremo, que consideró que un condenado no puede cumplir una sentencia hasta que sean agotados todos los recursos judiciales.
Distintos jueces en su país comprobaron que el ex mandatario recibió un apartamento y aceptó unas mejoras a una vivienda que frecuentaba en el estado de Sao Paulo, por valores cercanos a US$ 236 000, ofrecidos por las constructoras Odebrecht y OAS, a cambio de contratos con la estatal Petrobras.
A pesar de ello, hoy en día Lula ha recuperado todos sus derechos políticos y puede presentarse a un cargo electivo, como la presidencia, que se disputará en 2022. En la misma línea, Bolsonaro ya ha anticipado que buscará la reelección.
Colombia
El caso por el que Álvaro Uribe es investigado se remonta a 2012, cuando presentó una denuncia contra el senador de oposición Iván Cepeda ante la Corte Suprema, por un supuesto complot que, según su versión, involucraba falsos testigos en cárceles colombianas para relacionarlo con actividades de grupos paramilitares.
El proceso cambió rotundamente cuando el tribunal absolvió a Cepeda y pidió investigar a Uribe, bajo la sospecha de que fueron él y sus abogados los que manipularon y sobornaron testigos para que cambiaran sus declaraciones.
El ex presidente, tras dos meses de prisión domiciliaria, recuperó su libertad en octubre del año pasado. La decisión no significa que lo hayan declarado inocente, sino que podrá defenderse en libertad.
Argentina
En el país albiceleste, lo que podemos extraer de los datos negativos sobre los principales problemas del país (ocupa el primer puesto en cuanto a nivel de corrupción, con 30,5%) es la pérdida de poder político, esto al verse el oficialismo cada vez más identificado con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Parece lógico, pues el actual presidente hizo toda su campaña buscando alejarse de su vicepresidenta, procesada como presunta jefa de una asociación ilícita que operó entre 2003 y 2015.
A pesar de que la orden de detención se emitió en septiembre del 2018, nunca se hizo efectiva por haber sido senadora desde 2017 y ahora vicepresidenta. En 2020, la justicia argentina anuló la orden de prisión preventiva que caía en su contra, pero esta resolución no impide que siga siendo investigada por supuesto entramado de corrupción con la obra pública.
Ecuador
A pesar de que Rafael Correa tiene dos causas donde ya está siendo procesado, este acumula además una larga lista de denuncias que incluyen peculado, delincuencia organizada, vulneración de derechos, uso de dinero público y fraude procesal, entre otros tantos.
El secuestro del activista político Fernando Balda es el primer delito por el que ha sido condenado con una sanción de cinco a siete años tras las rejas, pero el trámite no avanza por estar prófugo en Bélgica.
El segundo se sustenta en el expediente Sobornos 2012-2016, por el que ha sido imputado de cohecho, con sanción de cárcel de hasta siete años.
México
Emilio Lozoya es el nombre clave en la tesis que pone al expresidente Enrique Peña Nieto como responsable de haber aceptado sumas millonarias para votar a favor de la reforma energética del país.
Lozoya, exdirector de Pemex —y que se encuentra sujeto a un proceso penal por supuestamente recibir sobornos millonarios en el caso Odebrecht—, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República mexicana en la que acusa a Peña Nieto de ser uno de los responsables directos de recibir y gestionar parte de los sobornos de la constructora brasileña.
Hasta ahora, de todos los acusados del círculo de poder de Peña Nieto, solo Emilio Lozoya acusó que tanto el entonces presidente, como su brazo derecho, Luis Videgaray, le ordenaron llevar a cabo actos de corrupción.
De acuerdo con Edna Jaime, directora del México Evalúa, no podría concluirse que existan pruebas para abrir un juicio a Peña Nieto con los elementos visibles hasta el momento.
Perú
Algo que ha estado impregnado en el Perú de los últimos 30 años es la corrupción sistemática. Han sido seis los mandatarios con procesos judiciales, investigaciones, condenas, destituciones del Congreso e incluso un suicidio por casos de corrupción; contando desde Alberto Fujimori hasta Martín Vizcarra.
Perú se muestra en evidencia como uno de los países de América Latina donde la corrupción es un flagelo que socava la legitimidad de las instituciones.
Así dan cuenta los procesos de Fujimori, Toledo, García, Humala, Kuczynski y Vizcarra; los cuales configuran una lista de políticos que, luego de pasar por la presidencia, se vieron sometidos a procesos judiciales y medidas de detención por diversos casos que mantiene a la nación en constante inestabilidad política, así como también en una actual polarización por quien resulte electo en los comicios de junio.
