El 14 de octubre de 2024, Italia dio inicio a un proceso controvertido de deportación de migrantes hacia Albania, en lo que se percibe como un hito en la evolución de la política migratoria del gobierno de Giorgia Meloni. Este movimiento es parte de un acuerdo bilateral firmado en 2023 entre ambos países, cuyo propósito es establecer un enfoque más eficaz para manejar el creciente número de migrantes que llegan a las costas italianas a través del Mediterráneo. Con esta acción, Italia busca aliviar la presión sobre sus centros de acogida y acelerar los procedimientos de asilo y repatriación, algo que ha sido objeto de críticas y debate tanto a nivel nacional como internacional.
Primeros traslados de migrantes
En la primera fase de este nuevo plan, un barco militar italiano zarpó desde las costas del país con 16 migrantes rescatados en el Mediterráneo a bordo, entre los cuales se encontraban 10 personas de Bangladés y 6 de Egipto. El destino de esta primera embarcación es la localidad albanesa de Gjadër, donde se ha erigido un campo de internamiento diseñado específicamente para gestionar este tipo de situaciones.
Este centro, que inició operaciones tras seis meses de retraso en su construcción, será el lugar donde los migrantes pasarán por procedimientos acelerados para evaluar sus solicitudes de asilo. De no obtener el estatus de refugiados, se procederá a sus repatriaciones a sus países de origen o terceros países. El traslado marca el inicio de un proceso más amplio que, en teoría, permitirá a Italia gestionar el flujo migratorio de manera más ágil.
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Infraestructura y capacidad de los centros en Albania
Como parte del acuerdo migratorio, Italia ha construido dos instalaciones en Albania. La primera, ubicada en el puerto de Shëngjin, está destinada a ser un centro de desembarco e identificación inicial de los migrantes, con capacidad para alojar a 200 personas. Desde este punto, los migrantes serán trasladados al complejo de Gjadër, una instalación más grande que tiene capacidad para albergar a 880 personas. Este último es considerado un campo de internamiento, lo que significa que los migrantes no tendrán la posibilidad de salir hasta que se resuelvan sus casos.
La ubicación y el diseño de estos centros han sido motivo de debate, ya que organizaciones humanitarias y defensores de los derechos de los migrantes cuestionan las condiciones en las que estarán alojados y la transparencia en los procedimientos de asilo que se llevarán a cabo.
Desafíos legales y operativos del plan
El plan enfrenta obstáculos significativos tanto a nivel legal como operativo. Uno de los mayores desafíos radica en el hecho de que solo se aplicará a los migrantes rescatados por naves italianas en aguas internacionales, dejando fuera a aquellos que llegan por sus propios medios o que son rescatados por organizaciones no gubernamentales (ONG). Según algunas estimaciones, aproximadamente el 40% de los rescates en el Mediterráneo son realizados por ONG extranjeras, lo que reduce considerablemente el número de migrantes que podrían ser procesados y deportados bajo este nuevo protocolo.
Además, la legalidad del traslado de migrantes rescatados en aguas territoriales italianas ha sido puesta en duda, particularmente tras una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este señala que muchos de los países considerados «seguros» por Italia no cumplen con los estándares mínimos de protección de derechos humanos. Esta situación añade una capa de complejidad al plan y podría limitar el número de migrantes que pueden ser enviados a Albania.
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Reacciones del acuerdo
El acuerdo entre Italia y Albania ha generado una serie de reacciones tanto dentro como fuera del país. Organizaciones humanitarias y de derechos humanos han manifestado su preocupación por las condiciones en las que los migrantes serán retenidos en los centros de internamiento albaneses, así como por la rapidez con la que se gestionarán sus solicitudes de asilo.
Algunos críticos argumentan que este tipo de acuerdos priorizan la deportación por encima del respeto a los derechos de los migrantes, lo que podría llevar a violaciones sistemáticas de los mismos. Mientras Italia avanza con la implementación de esta política, se espera que surjan más desafíos legales y que el debate sobre la viabilidad de esta estrategia migratoria continúe intensificándose, tanto en el plano interno como en la arena internacional.
Acuerdos de repatriación de migrantes firmados por Italia
Italia, en su esfuerzo por controlar el flujo migratorio en el Mediterráneo, ha buscado múltiples acuerdos con países externos para facilitar la repatriación de migrantes, siendo el acuerdo con Albania el más reciente y relevante.
Acuerdo con Albania
El pacto firmado en noviembre de 2023 entre Italia y Albania permite la transferencia de migrantes interceptados por las autoridades italianas a centros de identificación y acogida en territorio albanés. Este acuerdo, con una duración de cinco años y un presupuesto de 160 millones de euros, tiene como objetivo procesar hasta 36,000 migrantes anualmente. Los procedimientos están diseñados para ser rápidos, lo que debería facilitar la repatriación de aquellos que no califiquen para asilo en Europa. Este acuerdo ha sido visto como un intento audaz por parte de Italia para delegar parte de su crisis migratoria a un país no perteneciente a la Unión Europea.
Acuerdo con Túnez
Italia también ha fortalecido su relación con Túnez, firmando un acuerdo que ha demostrado ser un modelo exitoso en la reducción del flujo migratorio. A través de este pacto, Italia ha logrado disminuir significativamente el número de llegadas a sus costas, que en lo que va de 2024 han alcanzado 53,000 personas, en comparación con las 139,000 llegadas del año anterior. Este acuerdo incluye mecanismos para controlar las salidas desde las costas tunecinas y fomentar la cooperación bilateral en el ámbito migratorio.
Acuerdo con Libia
Libia es otro socio clave en la estrategia migratoria de Italia. Mediante un acuerdo similar, las autoridades libias reciben apoyo financiero y logístico por parte de Italia para interceptar embarcaciones que intentan cruzar el Mediterráneo hacia Europa. Aunque ha sido criticado por organizaciones internacionales debido a las condiciones en las que se encuentran los migrantes en Libia, este acuerdo sigue siendo una pieza fundamental en los esfuerzos de Italia por controlar el flujo migratorio desde el norte de África.
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Colaboración europea en la gestión migratoria
Más allá de los acuerdos bilaterales, Italia ha trabajado activamente con otros países europeos en busca de soluciones conjuntas para el problema migratorio. En mayo de 2024, quince países miembros de la Unión Europea firmaron una carta en la que solicitaban la posibilidad de trasladar solicitantes de asilo a países terceros considerados seguros, inspirándose en el modelo del acuerdo entre Italia y Albania. Esta propuesta busca reducir la presión sobre los sistemas de asilo europeos y compartir la responsabilidad entre diferentes actores.