Human Rights Watch (HRW) pidió a Chile detener las deportaciones «sumarias» de migrantes venezolanos alojados en su territorio. Según lo expuesto por la ONG, estas acciones no cumplen con el debido proceso y violan el derecho internacional de protección de los derechos humanos.
Para la organización sin fines de lucro, «resulta contradictorio que el Gobierno encabezado por Sebastián Piñera condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro».
El análisis de HRW
HRW publicó un comunicado basado en el análisis de 21 sentencias y 250 órdenes de deportación emitidas por Santiago de Chile. Según lo encontrado por la organización, muchos de estos casos implicaron violaciones derechos fundamentales, como el acceso a un debido proceso judicial.
«No se les permitió hacer una llamada telefónica ni tener acceso a un abogado, lo cual limitó sus posibilidades para objetar la deportación»
Human Rights Watch
En numerosos casos, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) indica a quienes atraviesan las fronteras de forma irregular que deben ‘autodenunciarse’ para legalizar su situación migratoria. Sin embargo, luego se han utilizado estas denuncias como única prueba para su deportación sin permitirles refutar los dictámenes.
Por otro lado, el Comité de la ONU de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares ha señalado que muchas expulsiones han sido ‘colectivas’. Ello impediría que se evalúen correctamente las circunstancias particulares de cada caso. HRW ratificó esta denuncia, ya que si bien se presentó una resolución administrativa por cada persona, estas órdenes usaban un lenguaje prácticamente idéntico y no se incluyó un análisis individual de los casos.
Esta rapidez en la emisión de sentencias sin derecho a la defensa también ha violado el principio de preservación de la unidad familiar. Según lo estudiado por HRW, resulta difícil para los migrantes venezolanos probar sus vínculos familiares en Chile. Su situación de irregularidad y los limitados servicios consulares venezolanos disponibles impiden que puedan obtener rápidamente documentos oficiales que podrían evitar su expulsión del país.
Política migratoria chilena
En territorio chileno residen cerca de 1.4 millones de extranjeros, de los cuales 457 000 son de origen venezolano. Tal cifra se debe a la masiva huida de estos ciudadanos para evitar la profunda crisis política y económica en el país presidido por Nicolás Maduro.
Durante el mandato de Sebastián Piñera se inició una estrategia intensiva de expulsión de migrantes. En abril, su Gobierno anunció que deportarían a cerca de 1 500 personas en 15 vuelos a lo largo del 2021. Según el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), 294 personas fueron deportadas hasta el cuarto mes del año. Además, se estima que otros 125 inmigrantes fueron devueltos a sus países de origen en junio.
El Gobierno ha justificado estas acciones alegando que los ciudadanos ingresaron de forma irregular o tienen antecedentes penales. De acuerdo a la nueva Ley de Migraciones, aprobada también en abril de este año, las causas mencionadas son legítimas para expulsar a un extranjero de suelo chileno y que así cumplan las penas judiciales pertinentes en su país.
Frente a la polémica, el ministro del Interior chileno, Rodrigo Delgado, insiste en que las deportaciones han sido realizadas en coordinación con las autoridades de Caracas.
