En medio de protestas, Hong Kong recibió la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad que faculta a las autoridades procesar a los protestantes por secesión, subversión y terrorismo. Esta nueva norma, impulsada por simpatizantes del régimen de China continental, tiene como finalidad terminar con la ola de protestas que continúan suscitándose desde la «Revolución de los Paraguas».
La demanda principal del movimiento estudiantil que impulsó las protestas fue clara: instaurar un sistema democrático de sufragio universal auténtico, para que los hongkoneses puedan elegir directamente a sus gobernantes, y así, puedan prescindir de los candidatos preseleccionados por el Gobierno de Beijing.
Para los activistas en favor de la democracia, la norma es un golpe definitivo a la libertad de expresión y al principio «un país, dos sistemas» que las autoridades de Beijing se comprometieron en tutelar desde que Reino Unido les devolvió el territorio en 1997.
Esta reciente ley introduce nuevos delitos, establece penas como la cadena perpetua y la confiscación inmediata de la propiedad, faculta la celebración de juicios secretos y sin jurado, permite la selección parcializada de jueces, no define un límite para las detenciones preventivas, e imposibilita la libertad bajo fianza. Autorizando además que las fuerzas policiales de Beijing puedan ingresar y operar legalmente dentro de Hong Kong.
Según los acuerdos que se dieron entre Reino Unido y China hace un par de décadas, se sabe que el primero de julio del año 2047, el territorio y la administración política de la excolonia británica serán asumidas en su totalidad por el Gobierno de China continental.
