Este viernes 3 de septiembre, la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) emitió un informe. Este reportó 551 agresiones y 5 asesinatos a activistas de derechos humanos en el primer semestre del 2021. Para la ONG, esto representa «un retroceso en la democracia» en el país centroamericano.
UDEFEGUA compartió va YouTube, las inquietantes conclusiones de su trabajo:
El informe destacó que las víctimas de los cinco asesinatos mencionados fueron activistas que trabajaban en la defensa de sus derechos o líderes de sus comunidades. A ello se le suman registros de 3 intentos de homicidio, 33 amenazas, 6 allanamientos, 125 hostigamientos y 270 actos de criminalización.
La organización explicó que si se mantiene la tendencia, el 2021 se convertirá en el año con más agresiones a comunidades y organizaciones defensoras de los derechos humanos desde que comenzaron los registros en el 2000. Cabe resaltar que el personal de Udefegua había registrado 1055 agresiones el año pasado.
El informe también concluyó que las personas que sufrieron de más agresiones fueron los operadores de justicia, con 137 casos. Además, se registraron 104 agresiones contra defensores del derecho a la justicia, 87 contra periodistas y comunicadores sociales y 49 agresiones a personas campesinas.
Según pudo conocer Udefegua, el 97% de las agresiones registradas tienen que ver con personas que defienden los derechos humanos. Mientras que el 3% restante se atribuye a organizaciones, instituciones o comunidades que trabajan en protección de los mismos.
Advierten consecuencias para el gobierno de Guatemala
Según Jorge Santos, coordinador general de la Udefegua, el riesgo creciente se debe “a las medidas que ha tomado el mismo Estado para limitar su independencia y criminalizar a actores críticos y que actúan desde su autonomía».
Santos indicó que desde el Gobierno está «garantizando la impunidad para los actores que se dedican a imponer un régimen de violencia y corrupción» . Además, su organización explicó las posibles consecuencias de la situación para las autoridades de Guatemala.
«El permanente asedio, hostigamiento, acoso y agresiones contra de quienes defienden Derechos Humanos abre la puerta para que se consolide un régimen autoritario»
El coordinador también habló sobre los riesgos para la justicia independiente y del uso de la pandemia por COVID-19 como pretexto para la restricción de libertades fundamentales de movilidad:
«Esto (los ataques) favorece el retroceso la expulsión de fiscales, jueces y magistrados independientes, la criminalización de comunidades que se oponen a proyectos extractivistas o la restricción de libertades fundamentales de movilidad bajo el pretexto de la pandemia de COVID-19″
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