Numerosas marchas se desarrollan en el país centroamericano. A todo pulmón, los manifestantes reclaman la salida del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y de la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.
A ambos se les acusa por un pobre desempeño en el combate a la corrupción durante sus gestiones. Ello en relación a la reciente destitución del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval. Este último hecho no solo causó revuelo social, sino que provocó que Estados Unidos ejecute una pausa en sus iniciativas de cooperación internacional con Guatemala.
Ola de protestas
Este lunes, el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) convocó a un paro nacional. Este reunió cerca de 200 000 personas en todos los 22 departamentos que conforman Guatemala. En el marco de la manifestación, los dirigentes campesinos cerraron al menos 19 rutas en todo el país, pero se pretendía bloquear al menos 48 puntos estratégicos. Entre las principales vías clausuradas estuvo la frontera con México, la de costa sur y del océano Atlántico.
La agitación del pueblo tiene como meta crear un gobierno transitorio que convoque una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Una vez se logre esto, esperan que se redacte una nueva Carta Magna que consolide la voluntad y aspiraciones de todos los sectores del país.
La destitución del fiscal Sandoval
Reconocido a nivel nacional e internacional por su labor, durante su gestión destapó más de 50 casos de corrupción. Uno de sus últimos actos a cargo de la FECI fue realizar una investigación por la falsificación de documentos de titulación de la Universidad Da Vinci (UDV) perpetrados por dos magistrados.
Los implicados son Marco Cornejo Marroquín y Ranulfo Rojas Cetin, ambos del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Estas certificaciones fueron emitidas por el exdecano de Derecho de la UDV, Juan Carlos Rodil, quien no tenia la facultad legal de firmar dichos documentos.
Las recientes investigaciones de Sandoval terminaron por implicar al jefe de Estado en actos ilícitos. En una reciente entrevista, el abogado calificó de corrupto al mandatario. «Considero que es corrupto y tan corrupto es que tiene tomado el Ministerio Público, institución que debe ser autónoma y totalmente independiente», manifestó.
Según la investigación que estaba liderando , el presidente pudo haber favorecido a empresarios con la entrega de dádivas. También, se presume que debido al vínculo amical entre Giammattei y Porras, su trabajo no pudo seguir en pie.
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La cuestionada labor de Consuelo Porras
La jefa del Ministerio Público realizó un acto que terminó por despertar la furia del pueblo guatemalteco, reemplazar a Sandoval de su cargo. Debido a esto, el país norteamericano impuso un bloque temporal a la cooperación con el Ministerio Público.
Lo que motivó a Porras a destituir a Sandoval fue presuntamente la «justicia selectiva». Ella indica que el abogado no ejerció de forma imparcial. Por el contrario, la fiscal general señala que el ahora exfuncionario actuó en perjuicio de personajes contrarios a su ideología, mientras que habría intentado «beneficiar a sus amistades» al omitir hechos.
Como reemplazo de Sandoval, Porras nombró a Carla Valenzuela, quien duró solo unos días. En su lugar fue presentado José Rafael Curruchiche. El nombramiento de este último fue cuestionado por los países del continente, entre ellos Estados Unidos. Ned Price, el portavoz del país, dijo que el «repentino nombramiento» del nuevo jefe de la FECI «no agrega confianza en la capacidad del organismo para investigar y procesar de forma independiente los casos de corrupción».
Además, Curruchiche es acusado de presuntos actos de corrupción por la bancada opositora. Según los informes presentados, acusan al nuevo fiscal de ofrecer protección a empresarios sospechosos de recibir financiamiento ilegal.
