Evo Morales, expresidente de Bolivia (2006-2019), denunció haber sufrido un atentado cuando se dirigía, el pasado 27 de octubre, a una emisora de radio en el Trópico de Cochabamba, una región donde el exmandatario aún conserva un fuerte apoyo social y político. Morales relató que su vehículo fue atacado a tiros por desconocidos, en un incidente que resultó en una herida de bala a su chofer. Este evento se da en medio de un clima de alta tensión política, con Morales enfrentando acusaciones judiciales y una serie de bloqueos de carreteras por parte de sus seguidores, quienes exigen la retirada de estos procesos. Según el relato de Morales, los agresores parecían estar organizados y fuertemente armados, lo que ha llevado a especulaciones sobre la naturaleza y la magnitud de la agresión.
El ataque comenzó cuando dos camionetas comenzaron a seguir su vehículo. A pesar de los esfuerzos de su chofer para evadir a los agresores tomando rutas alternativas, estos no detuvieron su persecución. Durante el ataque se escucharon al menos 14 disparos, y aunque Morales no resultó herido, su chofer sufrió una herida en el brazo, lo que obligó a la comitiva a detenerse. Morales compartió un video capturado durante el incidente en el cual se observa a los ocupantes del vehículo intentando resguardarse de los disparos, y a Morales intentando comunicarse por teléfono para pedir ayuda. En el video, también se escucha a sus acompañantes instándole a agacharse y mantener la calma en medio de la situación. Debido a los daños sufridos, los ocupantes debieron cambiar de vehículo, lo que permitió que Morales y su equipo continuaran su trayecto a salvo.
Responsabilidad y acusaciones políticas tras el atentado
Pocas horas después del ataque, Evo Morales responsabilizó al gobierno actual, liderado por el presidente Luis Arce, y afirmó que el atentado era parte de un plan destinado a eliminarlo físicamente, acusación que profundiza las tensiones políticas en el país. Morales expresó que este atentado marca una escalada en la violencia política en Bolivia y advirtió sobre las peligrosas implicaciones de este tipo de acciones en un contexto político tan polarizado. El exmandatario también hizo un llamado a la comunidad internacional para que esté atenta a la situación en Bolivia. Comunicó el incidente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando que “agentes de élite del Estado boliviano” habían atentado contra su vida. En sus declaraciones, Morales destacó la necesidad de que las organizaciones internacionales tomen medidas para garantizar su seguridad, señalando la gravedad de la situación política que se vive en el país.
Por su parte, el presidente Luis Arce rechazó categóricamente cualquier forma de violencia y ordenó una investigación inmediata para esclarecer los hechos. En un mensaje publicado en redes sociales, Arce afirmó que la violencia no es una herramienta legítima dentro de la política y que estos actos deben ser investigados y condenados. Arce enfatizó que «el ejercicio de cualquier práctica violenta en la política debe ser condenada y esclarecida» y agregó que «no es con la búsqueda de muertos que se resuelven los problemas». No obstante, hasta el momento no se ha proporcionado información oficial sobre los avances en las investigaciones. La postura del gobierno de Arce busca proyectar una imagen de rechazo a la violencia. Además, mantiene un enfoque de diálogo y responsabilidad en medio de las acusaciones de Morales.
LEE TAMBIÉN: Maduro y Putin impulsan alianza estratégica a largo plazo con nueva comisión de 10 años
Un contexto político y social en tensión creciente
El atentado contra Morales se produce en un ambiente político extremadamente tenso, caracterizado por una serie de conflictos que han desgarrado al Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que tanto Morales como Arce lideran. Desde hace dos semanas, seguidores de Morales han organizado bloqueos en distintas partes del país. Exigen que se retiren los procesos judiciales en su contra, los cuales consideran una estrategia de persecución política impulsada por el gobierno actual. Estos bloqueos han impactado profundamente la vida cotidiana de los bolivianos, generando desabastecimiento de productos básicos en varias ciudades. Además, han provocado un incremento en los precios de productos esenciales debido a la escasez de combustibles y otros bienes.
La confrontación entre Morales y Arce ha profundizado las divisiones internas en el MAS, poniendo en riesgo la cohesión del partido y generando un debate interno sobre la dirección que debe tomar. Morales ha criticado en reiteradas ocasiones la gestión económica de Arce y lo ha acusado de intentar desacreditarlo políticamente para consolidar su propio liderazgo. Estas declaraciones han exacerbado las tensiones entre ambos líderes, y sus seguidores se mantienen firmes en sus posturas. Esto ha ampliado la fractura dentro del partido y creado un ambiente de inestabilidad política y social que amenaza con desbordarse.
Las acciones del gobierno de Arce frente al atentado y la crisis
Ante la denuncia del atentado, el presidente Arce ha tomado una serie de medidas que buscan transmitir control y responsabilidad en la gestión de la crisis. La principal medida ha sido ordenar una investigación exhaustiva e inmediata sobre el ataque. Con esto, Arce busca demostrar su compromiso con la seguridad y la justicia en Bolivia.
LEE TAMBIÉN: La exitosa reunión de los BRICS+
Conclusiones: Un país en la encrucijada política
Las medidas adoptadas por el gobierno de Luis Arce ante el atentado contra Morales reflejan un esfuerzo por abordar la crisis. Estas acciones destacan el rechazo a la violencia y la importancia de la investigación. Sin embargo, las tensiones entre ambos líderes continúan aumentando y los efectos de esta confrontación se sienten en todo el país.
Con las elecciones presidenciales de 2025 cada vez más cerca, las divisiones dentro del MAS y la creciente polarización en el país podrían definir el rumbo político de Bolivia. La gestión de esta situación será determinante para el futuro político y social de Bolivia. Posibles movilizaciones y protestas podrían influir en el equilibrio de poder y la estabilidad del país en los próximos meses.
