Este martes, la asamblea de El Salvador aprobó tres controvertidas iniciativas del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por estas medidas excepcionales. También, señala presuntos «tratos crueles» contra los pandilleros.
La crisis de violencia que ha vivido El Salvador, especialmente en las últimas semanas, puso su atención pública en el ámbito internacional. Por su parte, el mandatario no ha parado de emitir en los medios sus polémicas frases y medidas que, según él, van dirigidas a los grupos criminales en la nación.
«Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos».
Liz Throssell, portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) también cuestionó la reciente aprobación de una ley que permite enjuiciar como adultos a menores de hasta 12 años. La alta comisionada de la ONU para los DD.HH., Michelle Bachelet, también alertó sobre las reformas aprobadas la semana pasada para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas. También, informó que se fijaron penas más duras para menores que cometan delitos siendo parte de una pandilla.
Medios de comunicación sancionados
Originalmente propuesta por el presidente Bukele, la iniciativa fue aprobada con los votos de 63 congresistas. Los medios locales han bautizado esta medida como «Ley mordaza«. Medida que fue dada sin estudios previos ni discusión legislativa.
Además, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó este miércoles las recientes reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas. Las cuales conllevan a la «criminalización del trabajo de los medios y de los periodistas«.
En un comunicado, el organismo hemisférico agregó que dichas reformas contravienen «principios constitucionales y tratados internacionales sobre libertad de prensa y sobre el derecho ciudadano a acceder a información relevante y de interés público». Desde este lunes, han entrado en vigor reformas penales y la citada ley contra pandillas y grupos criminales que fueron aprobadas por la Asamblea del país.
Asimismo, para frenar la escalada de violencia en el país, enmiendas que, denunció la SIP, «afectan en forma directa el trabajo periodístico«. El Salvador cumple unos 11 días bajo régimen de excepción.
Todo ello debido al aumento de asesinatos que cobraron la vida de más de 80 personas. En consecuencia, el Gobierno ha respondido con capturas masivas y encierro total para los pandilleros detenidos.
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El Salvador sin grafitis
La reforma del Código Penal también sanciona la elaboración y reproducción de propaganda, mensajes, señales o grafitis alusivos a las pandillas. Dicho código, establece que quienes elaboren o faciliten la ejecución de textos, pinturas, grafitis y cualquier otra forma de expresión visual en inmuebles públicos y privados; en donde se transmitan mensajes explícitos e implícitos que hagan alusión a las pandillas y su control territorial, serán condenados con una pena de diez a quince años de prisión.
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Reutilización de bienes y armas
El martes, se aprobó otra iniciativa del presidente. Esta, autoriza al Estado a utilizar el armamento, dinero y bienes incautados a las pandillas para luchar contra ellas mismas.
De acuerdo a la reforma, los bienes, incluyendo armas, dinero, valores y activos incautados e inmovilizados a estructuras del crimen organizado, terrorismo y narcotráfico; que estén bajo custodia judicial, «podrán ser utilizados por las autoridades de seguridad pública«.
Caleb Navarro, diputado del partido oficialista Nuevas Ideas, aseguró que con esto le daban un «certero golpe a las finanzas y bienes de las pandillas». De acuerdo con la nueva legislación, los bienes serán trasladados al Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab). El que emitirá acuerdos de uso a solicitud del Ministerio de Justicia y Seguridad o del Ministerio de Defensa.
«Utilizaban el dinero de extorsiones para dotarse de armamento y vehículos para seguir delinquiendo».
Caleb Navarro, diputado.
Con la llamada Ley Especial para la Disposición y Utilización de los Bienes, Dinero, Valores y Activos Incautados a las Estructuras de Crimen Organizado, Terrorismo y Narcotráfico; también se pretende crear un fondo especial con el dinero incautado que también se pondría a disposición del Conab.
«Con el mismo dinero que causaron luto a la población, con ese mismo dinero van a tener que responder ante la justicia».
Alexia Rivas, diputada de Nuevas Ideas.
