El en El Salvador se ha adoptado un régimen de excepción, en nombre de la seguridad pública, que ha suspendido una serie de derechos básicos. En consecuencia, se abriría la posibilidad a que se cometan violaciones de derechos humanos, señaló Human Rights Watch.
Este domingo 27 de marzo, la Asamblea Legislativa declaró un «régimen de excepción». Una suspensión por 30 días de los derechos a la libertad de asociación y reunión, y la privacidad de las comunicaciones, así como varias garantías al debido proceso.
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, solicitó la suspensión para abordar un incremento de la violencia cometida por pandillas. Posteriormente, el gobierno realizó una serie de anuncios que ponen en riesgo múltiples derechos humanos, incluyendo el derecho a la libertad, al debido proceso y a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“El gobierno del presidente Bukele debe tomar medidas serias, sostenibles y respetuosas de los derechos humanos para frenar la atroz violencia que ejercen las pandillas en El Salvador».
Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.
Solamente el sábado 26, El Salvador registró la alarmante cifra de sesenta y dos homicidios, aparentemente cometidos por pandillas. Siendo esta, la mayor tasa diaria de homicidios en varios años, según la Policía Nacional Civil del país.
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El régimen de los abusos
El aumento de la violencia de las pandillas se produce después de una disminución sustancial en las tasas de homicidios durante el gobierno de Bukele. En septiembre de 2020, el medio digital El Faro reveló que el gobierno negoció con pandillas para conceder privilegios carcelarios a algunos de sus miembros a cambio del compromiso de reducir la tasa de homicidios y apoyar al partido político de Bukele en las elecciones legislativas de febrero de 2021.
En diciembre de 2021, el gobierno de EE. UU. acusó al gobierno de Bukele de llevar a cabo “negociaciones encubiertas” con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), la pandilla más grande del país. Posteriormente, sancionó a dos funcionarios salvadoreños que, según dijo, habían participado en las negociaciones. Bukele negó las acusaciones.
Poco después del informe de El Faro, anunció una investigación contra el medio por presunto “lavado de dinero”, que no respaldó con pruebas. El fiscal General, Rodolfo Delgado, quien asumió el cargo en mayo de 2021, desmanteló una unidad que investigaba las presuntas negociaciones entre el gobierno y las pandillas.
Meses después, la Fiscalía allanó las oficinas de los fiscales que habían realizado estas investigaciones. Bukele, solicitó a la Asamblea Legislativa que declarara el régimen de excepción y ordenó el aislamiento absoluto de los presos en sus celdas.
Se suspendió los derechos constitucionales a la libertad. Algunos de estos fueron de asociación y reunión, la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a ser informado sobre el motivo de una detención, a guardar silencio y a la representación legal, y el requisito de presentar a cualquier persona detenida ante un juez en las 72 horas posteriores a su detención.
