Nuevamente, la frágil democracia latinoamericana se encuentra en peligro y genera preocupación en la comunidad internacional. Esta vez, el declive se ubica en El Salvador. La Asamblea Legislativa destituyó al fiscal general y a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Frente a este hecho, diversos actores se han pronunciado contra lo apoyado por la bancada encabezada por el presidente Nayib Bukele.
¿Qué sucede en suelo salvadoreño?
En las recientes elecciones parlamentarias, el partido del joven presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, obtuvo una significativa mayoría en el Poder Legislativo. Con 64 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la destitución del fiscal general Raúl Melara y de los miembros de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.
Tras la votación, la Sala de lo Constitucional declaró la acción legislativa como inconstitucional, ya que esta violaría la democracia representativa. En cambio, los parlamentarios afirmaron que los magistrados actuaron «contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares sobre la salud de todos los ciudadanos». Ello, referido a los enfrentamientos entre Bukele y la CSJ cuando esta se opuso a ciertas medidas propuestas por el mandatario para enfrentar la pandemia.
Reacción de EE.UU
Hace unos días, el secretario de Estado de dicho país, Anthony Blinken, conversó por teléfono con Bukele. En la llamada, Blinken expresó la preocupación norteamericana, ya que la independencia judicial es esencial para preservar el orden democrático. Además, manifestó su apoyo a Melara, quien estaba “luchando contra la corrupción” y era un aliado para “combatir el crimen en EE.UU. y El Salvador”.
Congresistas estadounidenses también se manifestaron al respecto. El demócrata Albio Sires explicó que si el gobierno salvadoreño no reconsideraba la decisión de destituir a los magistrados, Estados Unidos debería reducir sus vínculos de cooperación con el país centroamericano. Cabe resaltar que, las relaciones entre ambos países ya se mostraban preocupantes desde que Joe Biden asumió el poder. Ejemplo de ello fue la negativa de Bukele de recibir al enviado especial de la Casa Blanca para el Triángulo del Norte, en una visita realizada el pasado mes de abril.
Otras críticas internacionales
A través de un comunicado, la OEA rechazó la decisión salvadoreña, explicando que “cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional están alterando la esencia del funcionamiento del mismo”. En el documento, se afirmó la continuidad de la Misión Especial en El Salvador para aplicar la Carta Democrática Interamericana según su artículo 17.
Por su parte, Diego García-Sayán consideró lo ocurrido en El Salvador como una alteración del orden constitucional. El relator especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados explicó que no se estaría respetando la independencia judicial. Así lo detalló: “Todo ocurrió en pocas horas, sin transparencia, sin derecho a la defensa, sin debido proceso, con una imposición de magistrados y de un fiscal general sustitutorio que desvanecen cualquier atisbo de separación de poderes e independencia judicial”.
La ONG Human Rights Watch tampoco ignoró lo sucedido en el país centroamericano. Para José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de dicha organización, lo sucedido consiste en un golpe de Estado. En Twitter, el abogado manifestó que se buscaría perjudicar la relación entre El Salvador y entidades como el FMI o el BID.
Bukele respecto a las opiniones internacionales
El jefe de Estado salvadoreño rechazó los pronunciamientos extranjeros respecto a lo que acontece en su país. En una reunión con representantes diplomáticos de diversos Estados, Bukele aseveró que ellos “no están informando bien a sus países”. El presidente también ratificó la facultad constitucional de la Asamblea Legislativa de remover magistrados de la CSJ. A través de su cuenta de Twitter, señaló que la destitución de funcionarios públicos no era de la incumbencia de otros actores internacionales.