Organismos internacionales
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Avances en Latinoamérica
Uno de los mayores avances regionales ha sido el dar visibilidad al problema y el reconocimiento de los distintos tipos de violencia; como la doméstica, en el espacio laboral, sexual, patrimonial, económica, obstétrica, institucional, en el espacio público, entre otros. Sin embargo, en el Caribe ningún país o territorio tiene tipificación del delito de feminicidio o femicidio. Y las muertes violentas por razones de género registraron un aumento de la tasa por cada 100.000 mujeres entre 2019 y 2020.
A pesar de que el número de países con políticas nacionales de protección ha aumentado de 24 en 2013 (74%) a 31 en 2016 (94%), según ONU Mujeres, la problemática no ha disminuido proporcionalmente. Debido a que no todos tienen leyes para luchar contra la violencia de género en todos sus ámbitos. Por ejemplo, no todos los países tipifican la violencia económica y patrimonial como delito, de igual manera ocurre con la violencia digital.
«Al menos 4.091 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 2020 en América Latina y el Caribe»
Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Brecha laboral
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Actualmente, el índice de fuerza laboral de las mujeres en el mundo se aproxima al 49%. En cambio, el de los hombres es del 75%. De acuerdo con el estudio de Perspectiva Global de la Mujer 2020, el Perú es el cuarto país en América Latina con la mayor brecha de género en el mercado laboral. Además, la pandemia del COVID-19 golpeó el mercado laboral, afectando principalmente a las mujeres.
Debido a que los sectores más afectados fueron los de la actividad educativa y del cuidado; por consiguiente, aumentaron las actividades del hogar, las cuales generalmente recaen sobre la mujer. En realidad, la mujer se ve obstaculizada de ingresar al mercado laboral formal por no tener las facilidades suficientes para compaginar la vida laboral con la maternidad. Asimismo, la mujer está sobrerrepresentada en el sector informal por la necesidad de flexibilidad laboral y por tener menos acceso a la educación. Igualmente, la brecha digital hizo que las mujeres y otros sectores se vean más afectados, debido a la falta de acceso y uso de la tecnología para realizar teletrabajo.
En Perú y Chile, las brechas de género en la caída de empleo son de menor magnitud, pero igualmente importantes. Además, el Banco Interamericano del Desarrollo señala que con la flexibilización de las medidas de restricción a la movilidad, la recuperación de los puestos de trabajo no ha sido igual para hombres y mujeres.
«El 70% de los 1.300 millones de personas que viven en condiciones de pobreza son mujeres. En las áreas urbanas, el 40% de los hogares más pobres están encabezados por mujeres»
Organización de las Naciones Unidas (2022)
Independencia económica y el papel del sector privado
Existen distintos tipos de violencia de género, entre ellos existe la económica y patrimonial, que comúnmente suele ir de la mano con otros tipos de violencia. Sobre todo, es utilizada para quitarle poder a la víctima e impedir que pueda abandonar la situación de violencia. Es por ello que la mujer se ve imposibilitada de generar dinero, y un punto importante es la necesidad de tener la firma del cónyuge para acceder a un préstamo y realizar otros trámites.
Recientemente, el banco peruano «mibanco» ha agregado a su cartera de productos un crédito para mujeres que no requiere la firma del cónyuge. De esta forma, el sector privado puede ayudar a la lucha contra la violencia de género. Asimismo, actualmente las empresas tienen la responsabilidad social de ofrecer mayores facilidades a las mujeres por su carga doméstica, especialmente durante el periodo de maternidad.
Violencia de género
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En el Perú, 7 de cada 10 mujeres adultas han sido víctima de violencia psicológica, física y/o sexual en algún momento de su vida, y el confinamiento por la COVID-19 ha empeorado esta situación. Pues, muchas de las víctimas de violencia de género se han visto forzadas a convivir con sus agresores, incrementando así las llamadas a la línea de asistencia para casos de violencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Línea 100) que llegó a atender 235 791 llamadas.
Los principales retos en el Perú es la normalización del maltrato a nivel cultural, lo que ocasiona que la víctima sienta vergüenza y desconfíe de las autoridades, por ende, no denuncia. Otro factor es la poca accesibilidad a los servicios de denuncia y asistencia a las sobrevivientes; antes de la pandemia el Perú no tenía un medio de denuncias remotas.
Asimismo, en Chile, con el objetivo de solucionar esta problemática, el Banco Mundial dio asistencia a la creación de una plataforma digital integrada para sobrevivientes de violencia de género. De esta forma, se logró agilizar la atención a víctimas y también permite el monitoreo de posibles agresores. Por ello, en el Perú existe el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras, el cual busca implementar un sistema intersectorial para documentar casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En este se guardan los datos de la víctima y del agresor, tipificación, causas y consecuencias de la violencia, existencia de denuncias anteriores y otros datos pertinentes. Con todo esto, se busca hacer un monitoreo de atención sobre la víctima y un control sobre los agresores.
Acceso a la salud
El principal problema en el sector sanitario es que se encuentra orientado a la curación, mientra que los males que aquejan a las mujeres necesitan ser tratados mediante medicina preventiva (anticoncepción, atención al embarazo, parto y puerperio, y detección del cáncer cérvico uterino). Igualmente, las concepciones tradicionales y religiosas, entre otras razones, generan una brecha cada vez más amplia en el acceso a los servicios de salud por parte de las mujeres.
La realidad es que más de 200 millones de mujeres alrededor del mundo no tienen acceso a los medios para planificar el momento de ser madres, el número de sus hijos y el espaciamiento de sus embarazos. En el Perú, 13% de las adolescentes peruanas entre los 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas; y el solo el 45 % de las mujeres planearon su embarazo.
En América Latina y El Caribe, el promedio de uso de métodos anticonceptivos es del 70%. Mientras que en el Perú es un poco más del 50%. En el 2008, el Ministerio de Educación promulgó lineamientos para la ESI en primaria y secundaria, pero su implementación ha sido débil por falta de voluntad política, reflejada en escasa capacitación docente y ausencia de sistemas de evaluación.
Situación legal del aborto
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La legalización del aborto en Latinoamérica esta avanzando de manera significativa en la actualidad, dándose los mayores avances en México, Argentina, Guyana, Cuba y Uruguay. Sobre todo, el aborto por casos de violación sexual es un punto importante en la lucha contra al violencia de género. Perú ha sido criticado de forma reiterada por comités de monitoreo de tratados internacionales sobre derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU), debido por la denegación a servicios de aborto legal.
Asimismo, dentro de estas críticas un punto aún sin resolver es la criminalización del aborto en casos de violación sexual
en Perú, que vulnera los derechos de las mujeres a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Pues, en Perú solo es legal el aborto en los casos en que la salud o la vida de la mujer se encuentren en riesgo inminente por la continuación del embarazo.
A fines del 2021, se presentó en Perú un proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación; sin embargo, a la fecha no hay avances claros al respecto. Claro está que es una situación preocupante, tomando en cuenta que desde 2016, cada día, se registra un promedio de al menos cinco niñas menores de 14 años obligadas a asumir maternidades forzadas.
¿Qué tanto ha avanzado el Perú?
El último avance de Perú es el Decreto legislativo 1410, que modifica la Ley N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. El motivo es especificar el concepto de hostigamiento sexual y así optimizar la sanción de los delitos de este tipo.
De manera similar a la Ley Olimpia, originada en México e hito para proteger a las mujeres del acoso digital en la región; el actual decreto añade como delito la difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. Sin embargo, la Ley Olimpia incluye un apartado sobre la violencia digital y mediática, que condena los actos en medios de comunicación que promuevan la violencia contra la mujer. Mientras tanto, en el Perú se siguen dando comentarios sexistas hasta por parte de funcionarios públicos. Por ello, este sería el siguiente paso a tomar en la lucha por la igualdad y una vida libre de violencia; en el marco de la convención de Belém do Pará.
«Todo acto en medios de comunicación que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión de discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida.»
Ley Olimpia, sobre la Violencia Digital y Mediática
