En un hecho sin precedentes, el expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) fue formalmente acusado por los delitos de presunto soborno, fraude procesal y soborno de testigos, según la resolución de la jueza Sandra Liliana Heredia.
La magistrada encontró motivos suficientes para que el líder del partido Centro Democrático enfrente un juicio penal por estos supuestos delitos, que Uribe niega rotundamente. Es la primera vez que cargos contra el exmandatario son aceptados por un juez.
De ser hallado culpable, Uribe podría enfrentar una pena de prisión de entre 6 y 12 años. Su defensa había solicitado la nulidad del proceso, petición que fue «rechazada de plano» por Heredia al considerarla «absolutamente improcedente».
En la misma resolución, la jueza aceptó como víctimas al senador Iván Cepeda, los exfiscales Jorge Perdomo y Eduardo Montealegre, y Deyanira Gómez, exesposa de un paramilitar. El abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, celebró la decisión que «reconoce la necesidad de que las víctimas tengan acceso a la justicia».
Con esta acusación formal, se abre un nuevo capítulo en el polémico caso judicial. Mismo que ha enfrentado al expresidente Uribe por presuntos delitos relacionados con el conflicto armado.
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«Determinador» de sobornos y fraudes procesales
En su acusación formal, el fiscal Gilberto Villarreal responsabilizó al expresidente Álvaro Uribe de ser el «determinador del concurso homogéneo sucesivo de tres delitos de soborno en actuación penal». Según Villarreal, esto implica que Uribe, buscando «provecho suyo o de un tercero», entregó o prometió dinero u otra utilidad a testigos de hechos delictivos. Esto con la intención de que se abstuvieran de declarar o faltaran total o parcialmente a la verdad.
Igualmente, el fiscal lo acusó de «concurso homogéneo sucesivo de dos delitos de fraude procesal», es decir, que mediante medios fraudulentos indujo en error a servidores públicos para obtener sentencias, resoluciones o actos administrativos contrarios a la ley.
Villarreal también señaló a Uribe como «determinador del delito de soborno» al entregar o prometer dinero u otras utilidades a testigos para que omitieran total o parcialmente la verdad en sus testimonios.
Con estas acusaciones formales, se inicia un complicado proceso judicial contra el líder del Centro Democrático, quien de ser hallado culpable podría enfrentar penas de prisión de hasta 12 años.
Uribe ya había sido privado de libertad por este caso en 2020
Los cargos formales contra el expresidente Álvaro Uribe no son los primeros en este complejo caso judicial. En 2020, Uribe se convirtió en el primer exmandatario colombiano en ser privado de su libertad, acusado entonces de fraude procesal y soborno.
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Todo se remonta a septiembre de 2014, cuando el senador Iván Cepeda lo acusó de tener nexos con grupos paramilitares y narcotraficantes, presentando testimonios de exparamilitares. Uribe respondió demandando a Cepeda, acusándolo de buscar falsos testigos en prisión.
La Corte Suprema investigó por años. En 2018 desechó los cargos contra Cepeda, pero sorpresivamente abrió una investigación formal a Uribe por manipulación de testigos, soborno y fraude procesal.
En 2020, Uribe renunció a su escaño de senador para ser juzgado por la justicia ordinaria. Inicialmente la Fiscalía decidió no perseguirlo, pero este año el fiscal Gilberto Villarreal, al asumir el caso, encontró pruebas para acusarlo formalmente.
Las acusaciones apuntan a que Uribe habría fundado el Bloque Metro, una rama del grupo paramilitar AUC. Uribe insiste en que responden a intereses políticos.
