La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que es «imposible» adoptar medidas que aseguren elecciones legítimas en Nicaragua. Ello a pocos días de que el actual presidente, Daniel Ortega, busque una controvertida reelección.
«Es imposible el despliegue de medidas que aseguren la realización de unas elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas en el país».
Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH
Durante una sesión virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) esta mañana, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, presentó el informe «Concentración del poder y debilitamiento del Estado de derecho en Nicaragua«. Para el representante nicaragüense ante la OEA, que no acudió a la convocatoria, este reporte es «completamente sesgado».
En el documento publicado el pasado 28 de octubre, se describe que en Nicaragua «ha operado un proceso paulatino de concentración del poder y un progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas». Según el reporte, este se «consolida a partir de la crisis de derechos humanos iniciada en abril de 2018». Ese año se desataron severas protestas anti-gubernamentales que desembocaron en violaciones a los derechos humanos de los manifestantes.
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CIDH denuncia un régimen de represión
Durante su intervención, Urrejola lamentó que en el país no existe «un sistema de pesos y contrapesos» para evitar posibles abusos de poder. Ello debido a que «todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo». Y quienes se han opuesto a la postura del régimen han sido removidos arbitrariamente de sus cargos y víctimas de persecución política.
Hasta el momento, 1 614 personas han sido privadas de su libertad «como represalia por haber participado en actos de protesta u oposición al Gobierno», y más de 145 permanecen detenidos. Mientras, más de 103 600 nicaragüenses han huido del país «en busca de protección internacional».
Además, la titular de la CIDH confirmó que la represión se ha intensificado en los últimos meses. Ello a través de detenciones arbitrarias de más de 30 personas «bajo cargos infundados y sin las debidas garantías judiciales», incluyendo a siete precandidatos a la jefatura de Estado. También, dio cuenta del constante «hostigamiento a las organizaciones civiles y de derechos humanos», la prensa independiente y los partidos políticos opositores. De estos últimos, a tres se les arrebato su personería jurídica injustificadamente, impidiéndoles participar en las urnas.
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Reacciones norteamericanas
En la sesión de hoy, el representante estadounidense ante la OEA, Bradley A. Freden, lamentó que «toda esperanza de que las elecciones del 7 de noviembre sean libres e imparciales se ha evaporado».
«Me duele decir que con la decisión del Gobierno de Ortega y [su esposa y vicepresidenta, Rosario] Murillo de prohibir al último partido legítimo de oposición, las elecciones programadas para este domingo han perdido toda credibilidad y son simplemente una mentira», añadió Frenden.
Asimismo, el embajador de Canadá ante esta organización regional, Hugh Adsett, señaló que no se puede «guardar silencio» frente a un «régimen» que detiene a sus opositores y oprime a los representantes de la sociedad civil. «El evento que está por realizarse el 7 de noviembre es una parodia de elecciones», puntualizó.
