A través de una misiva enviada al presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, los embajadores de Canadá, Colombia, Francia y Australia, se pronunciaron respecto a la ley aprobada por los legisladores suspende el cobro de peajes de la red vial nacional, departamental y local durante el periodo que dure el Estado de Emergencia Nacional (Ley N° 31018).
En el oficio enviado al palacio de la Plaza Bolivar los diplomáticos consideran «crucial» realizar un pronunciamiento, pues inversiones de «diversas empresas concesionarias de la red vial nacional» se originan en los respectivos países que representan.
En esta línea, indican que las empresas involucradas se encuentran en incertidumbre, pues aún no se tiene definido cuánto más se puede prolongar el Estado de Emergencia, por lo tanto, es «incalculable» el impacto financiero que tendrá la ley promulgada por insistencia.
«La suspensión de los peajes se mantendrá mientras dure el estado de emergencia nacional y, siendo esta duración (o eventuales extensiones) incierta, el impacto financiero en las concesiones viales aectadas es incalculable», reza el texto.
Asimismo, el oficio le recuerda al titular del Poder Legislativo la importancia que ha tenido la inversión privada para el desarrollo del país y la reducción de la pobreza y extrema pobreza, así como precisa la importancia del «respeto irresticto» de los contratos suscritos entre el Estado peruano y empresas extranjeras.
«La inversión privada ha sido un componente vital en el crecimiento y desarrollo económico del Perú, colaborando significativamente en reducir la pobreza a niveles mínimos históricos», indica.
«El Perú ha logrado generar y mantener la confianza de los inversionistas privados nacionales y extranjeros a lo largo de las últimas décadas no solamente por su disciplina fiscal y monetaria, si no también debido a su respeto ireestricto de las instituciones democráticas, en las que se enmarcan el respeto a tratados internacionales y a los contratos suscritos por el Estado peruano», agrega.
Finalmente, expresan su inquietud ante la aprobación de la Ley N° 31018, cuyas medidas, según indica la carta, «vulneran la estabilidad y seguridad jurídica y contractual».
«Debemos expresar nuestra profunda preocupación ante medidas como las previstas en la Ley N° 31018, que vulneran seriamente la estabilidad y seguridad jurídica y contractual», señala.
«[Las medidas de la Ley N°31018] comprometen peligrosamente las inversiones privadas tan importantes y necesarias en un contexto como el actual en el que el Perú requiera enfrentar decididamente los impactos económicos de la pandemia del COVID-19», finaliza.
