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¿Cambiarlo todo? Reseña del libro «Leer antes de votar»; por Soledad Castillo Jara

por Soledad Castillo Jara agosto 17, 2022
escrito por Soledad Castillo Jara agosto 17, 2022
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Leer antes de votar es un título muy oportuno para el libro de Marcela Cubillos Sigall, abogada y ex convencional constituyente de Chile. En él, la autora expone su visión del proceso constituyente y de la propuesta que será votada en el plebiscito del 4 de setiembre.

El libro consta de una introducción, tres capítulos y unas consideraciones finales que resumen los argumentos en diez frases clave. El primer capítulo analiza uno de los conceptos más polémicos del debate constitucional: la plurinacionalidad. Defiende que la multiculturalidad es un concepto más idóneo para abordar la diversidad de culturas que componen la nación chilena. El segundo capítulo examina el trabajo de cada una de las siete comisiones temáticas que conformaron la Convención Constitucional. Para ello, recurre a intervenciones de sus colegas, entrevistas, columnas de opinión y publicaciones de centros de estudios. El tercer capítulo se refiere a la participación ciudadana en el proceso constituyente y critica la poca acogida que tuvieron las Iniciativas Populares de Norma[1].

En esta reseña presentamos una visión general del contenido del libro.

El proceso: una Convención refundacional

La autora sostiene que el proceso constituyente estuvo marcado por un ánimo refundacional y poco dialogante. Lejos de ser la casa de todos, la Convención Constitucional se convirtió en la casa de aquellos sectores de izquierda que, tras haber alcanzado 2/3 del número de escaños, «no tenían necesidad ni intención de hacer algo más transversal» (p. 31). Actuando como si la democracia iniciara con ellos, los representantes más radicales de estos sectores buscaron reinventar la institucionalidad del país.

La idea de que debe derogarse nuestra historia para hacer otro país es un error político y jurídico. Las sociedades más justas, más libres, más sustentables no son el fruto de iluminados, sino producto de años de trabajo, de asumir errores y enmendarlos, de mantener lo bueno y no de partir desde cero (p. 25).

Este problema fue especialmente grave en la comisión encargada del diseño del sistema político. Tras su experiencia como integrante de dicha comisión, la autora expresa su oposición al radicalismo que ensombreció el ambiente de trabajo y encuentra que el resultado fue un «experimento» que concentra el poder en lugar de limitarlo (p. 79).

Si ya es poco aconsejable refundar un país, lo es aún peor si eso se intenta hacer encapsulados en una Convención, desde arriba y con mucho mesianismo. (…) No se escuchó, se pasó máquina y se aprobó un cambio radical a nuestra democracia, que la debilita irremediablemente (p. 79).

A lo largo de todo el libro, la imagen que emerge del proceso constituyente es bastante decepcionante. Cuestiones que merecían ser examinadas con seriedad -como el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, la jurisdicción de los tribunales indígenas y los derechos de la naturaleza- terminaron resueltas según la consigna del cambio total. Entendiendo que la novedad fue más importante que la calidad para un gran número de convencionales constituyentes, es inevitable preguntarnos por qué la excelencia está perdiendo valor en nuestras democracias contemporáneas.

LEE TAMBIÉN: El perdón de Francisco; por José Villanueva Barrón

La propuesta: una Constitución de alto riesgo

«¿Una Constitución? No; un Programa de Gobierno» (p. 275), así define la autora a la propuesta constitucional. Recomendamos leer atentamente los Ejemplos de Normas Rechazadas (ubicados al final de cada apartado del capítulo 2) y el capítulo 3 en su totalidad. Allí, la autora comenta algunas propuestas presentadas por miembros de la Convención Constitucional (cap. 2) o por ciudadanos (cap. 3) que no resultaron incluidas en el texto final. Varias de ellas son bastante sensatas. Veamos aquí algunos ejemplos:

  • Se rechazó «un estatuto de derechos del ciudadano frente a la administración del Estado» (p. 83) propuesto por los integrantes de Vamos por Chile[2]. El texto aprobado, en cambio, pone énfasis en el rol del Estado como proveedor de servicios, pero carece de contrapesos suficientes para defender a los usuarios.
  • Una propuesta rechazada establecía claramente la autonomía del Banco Central: «El Gobierno no podrá en caso alguno intervenir directa o indirectamente en las decisiones del Banco Central» (p. 248). El texto aprobado, en cambio, establece que el Banco Central debe «tener presente la orientación general de la política económica del Gobierno» (art. 358.3) y le atribuye consideraciones ajenas a su labor, como «la protección del empleo, el cuidado del medioambiente y del patrimonio natural» (art. 358.2).
  • La Iniciativa Popular de Norma más votada por los ciudadanos fue «Con mi plata no – Defiende tus ahorros previsionales». Sin embargo, los articulados de esta y otras 15 iniciativas populares «fueron rechazados en las comisiones en pocos minutos y casi sin debate» (p. 266). Se aprobó, en cambio, un sistema de reparto de pensiones similar al de España, el cual se encuentra en una grave crisis y no es viable frente al incremento de la longevidad de la población. 

La propuesta constitucional incurre también en ambigüedades. Entre los artículos cuyas interpretaciones han generado controversia se encuentran los referentes al aborto (¿Será constitucional una ley que le ponga límites de plazos o causales, dado que el art. 61 establece que el Estado asegura las condiciones para la interrupción voluntaria del embarazo y que no debe haber interferencia por parte de personas o instituciones en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos?), la educación (¿Serán constitucionales los proyectos educativos que no se basen en los fines y principios que establece el art. 35?), la vivienda (¿La «tenencia» (art. 51.2) significa propiedad o puede ser interpretada como un sistema de arriendo en el cual el ciudadano usa la vivienda pero el Estado es el propietario?) y las expropiaciones (¿El «justo precio» (art. 78.4) de los bienes expropiados es el valor de mercado o puede ser interpretado como un precio que fijará el Estado alegando algún criterio de justicia social?).

Para cada una de estas cuestiones, la autora aporta su interpretación a lo largo del capítulo 2. Sin embargo, el hecho de que existan interpretaciones en conflicto sobre temas centrales como la vida, la libertad y la propiedad indica que no estamos frente a una buena propuesta constitucional. Recientemente, representantes de varios partidos de izquierda firmaron un acuerdo que pretende aclarar «dudas e interpretaciones» sobre la propuesta. Sin embargo, lo que hace es enmendarla en sus aspectos más controversiales. Y, dado que el texto que se votará no incluye estas enmiendas, el problema de ambigüedad queda sin solución.

LEE TAMBIÉN: Los retos de Gustavo Petro en Colombia

Palabras finales: Más allá de Chile

Si bien el libro se dirige principalmente a los votantes chilenos, esta reseña no puede terminar sin una breve nota para los lectores internacionales. Partiendo del caso de Chile, la autora ofrece elementos para iniciar una discusión informada sobre la politización de las identidades étnicas, la legislación ambiental, la «cultura de la cancelación», la paridad de género en los cargos de representación política, entre otros temas que están presentes en varias de nuestras democracias occidentales. Asimismo, para quienes tengan un interés especial por la teoría política, este libro puede servir como punto de partida para un debate sobre el concepto de «tiranía de la mayoría».


[1] Las Iniciativas Populares de Norma fueron un mecanismo a través del cual los ciudadanos, individualmente o en grupos, podían presentar y/o respaldar propuestas de normas para la nueva constitución. Aquellas propuestas que alcanzaran 15 mil firmas o más debían ser debatidas en las comisiones temáticas.

[2] Las principales normas de este estatuto se encuentran detalladas en las pp. 117-118.

Más en Diario El Gobierno:

#LoÚltimo | Guido Bellido (@GuidoBellidoU) envió una carta notarial al gerente general de Willax exigiendo que su canal se rectifique por presuntamente haberlo difamado. Asimismo, pidió sanciones contra Augusto Thorndike y Thais Casalino, del programa «Contracorriente». pic.twitter.com/7DzOzLYIBR

— Diario El Gobierno (@ElGobierno_Peru) August 17, 2022
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Soledad Castillo Jara

Politóloga y Pre-docente PUCP. Estudiante del Máster en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Salamanca, España.

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