El día de hoy, el Gobierno de Jair Bolsonaro publicó la aprobación parcial del proyecto de ley admitido por el Parlamento contra la Ley de Seguridad Nacional (LSN). No obstante, rechazó las penalidades para quienes practiquen «comunicación engañosa en masa».
La Ley de Seguridad Nacional (LSN) trata los crímenes contra el Estado de Derecho en Brasil. Sin embargo, durante el régimen militar de 1983, el Gobierno empleó la norma para la persecución de opositores. Por ello, el mes pasado, el Parlamento la revocó y sustituyó.
En esa línea, la Cámara de Diputados añadió al Código Penal un nuevo título. En este, se tipificaron crímenes contra la soberanía nacional, las instituciones democráticas, el funcionamiento de las instituciones democráticas durante procesos electorales y respecto al sabotaje.
¿Por qué Bolsonaro defendería las «fake news»?
Uno de los artículos vetados por el Gobierno definía el crimen de «comunicación engañosa en masa». Este contemplaba como delitos la difusión de información falsa capaz de alterar el proceso electoral y el financiamiento de campañas de difusión de «fake news». De ocurrir, los responsables podrían enfrentar una pena de hasta 5 años de cárcel y una multa. Sin embargo, el mandatario rechazó el castigo.
El presidente brasileño justificó su veto en base a que no se aclara qué conductas son objetos de criminalización. Igualmente, sostiene que debería aclararse si el castigo afecta a quien genera la noticia, o quien la comparte.
«También se plantea la duda de si el delito sería continuado o permanente, o incluso si existiría un ‘tribunal de la verdad’ que defina qué se entendería como falso hasta el punto de constituir un delito castigado por el Código Penal, lo que acaba provocando una enorme inseguridad jurídica».
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil
Pero, la decisión de Bolsonaro no es realmente sorpresiva. Actualmente, el presidente de derecha conservadora es investigado por la Corte Suprema por difundir «fake news» sobre el sistema electoral electrónico llevado a cabo desde 1996 y por afirmar que hubo fraude en las elecciones presidenciales de 2018 que le dieron la victoria.
Siguiendo esa misma postura, el Jefe de Estado añadió que la redacción genérica provoca el alejamiento del votante brasileño del debate político. Pero, los medios brasileños sostienen que su reciente decisión solo tiene como objetivo beneficiar su campaña.
Más normas vetadas por el Ejecutivo
El primer punto vetado por Bolsonaro defendía el derecho a la manifestación. En ella, se promovía el respeto a la libre y pacífica protesta, y se estipulaban penas de hasta doce años para responsables de muertes durante manifestaciones.
Ante ello, el mandatario afirmó que es difícil determinar si una protesta es pacífica o no. Por ello, sostuvo que, con dicha norma, los agentes de seguridad se encontrarían en una grave inseguridad jurídica.
En ese sentido, el Ejecutivo revocó el aumento de un tercio de la pena si los crímenes son cometidos con arma de fuego o por un funcionario público. También, se opuso al incremento de la mitad del castigo si el crimen era cometido por militares. De esta manera, Bolsonaro reitera su postura favorable hacia los militares y conservadores.
«Viola el principio de proporcionalidad, colocando a los militares en una situación más grave que otros agentes del Estado, y representa un intento de impedir las manifestaciones de pensamiento que emanan de los grupos más conservadores».
Jair Bolsonaro, presidente de Brasil
Por último, rechazó la acción subsidiaria privada de la iniciativa del partido político con representación en el Congreso por delitos contra el funcionamiento de las instituciones democráticas en el proceso electoral. Esto, siempre y cuando el Ministerio Público no actúe como concreta la ley.
Sin duda, Bolsonaro no deja de causar controversia en sus últimos meses de gestión.
