Desde el domingo pasado, Ecuador enfrenta una serie de cortes de energía que afectan diferentes regiones, con duraciones de hasta ocho horas, debido a la disminución del nivel de agua en el embalse de Mazar. Este embalse, el segundo más grande del país, alimenta un complejo de tres centrales hidroeléctricas con una capacidad de 1.757 megavatios, aproximadamente un tercio de la demanda nacional.
Además, la situación se agrava con la interrupción del suministro eléctrico proveniente de Colombia, que también enfrenta una grave sequía, impidiendo así la exportación de electricidad a Ecuador.
Por este motivo, el presidente Daniel Novoa, ha dispuesto un nuevo estado de excepción a nivel nacional por 60 días. A través de un decreto, Noboa dispuso “la movilización e intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional, debidamente coordinadas, para garantizar la seguridad de las instalaciones críticas de infraestructura energética para prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar a su funcionamiento».
Por si no fuera suficiente, el país quedó paralizado durante dos días enteros. Pues el pasado jueves y viernes se suspendieron las jornadas laborales y escolares, con el fin de garantizar el “descanso y ocio”, según un decreto supremo firmado por la presidencia de la nación.
Las razones detrás de la crisis
A partir de una investigación preliminar realizada por el nuevo ministro de Energía encargado, Roberto Luque, la crisis no tiene relación únicamente con circunstancias ambientales, sino que también se debe a a actos de corrupción y negligencia de funcionarios de alto nivel del Ministerio de Energía, incluida la exministra Andrea Arrobo.
Según un comunicado publicado por el mismo gobierno, estos funcionarios “ocultaron intencionalmente información crucial para el funcionamiento del sistema nacional energético”. Además que “suprimieron y deshicieron advertencias y alertas al Comité de Crisis Energética, con el propósito de que esta grave situación no sea conocida para la toma de decisiones oportunas”.
Asimismo, Noboa respondió que esta situación se trataría de un sabotaje para impedirle ganar la consulta popular que ha convocado y que se votará el domingo. Como medida pidió la renuncia a la ministra de Energía, ofreció subsidiar el 50% de la planilla eléctrica de abril e iniciar una investigación por sabotaje.
Como resultado, el Gobierno ha presentado ante la Fiscalía “una denuncia por paralización del servicio público contra 22 saboteadores que buscaron hacer daño a todos los ecuatorianos, afectando su desarrollo y productividad”.
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Celec niega las acusaciones en su contra
La Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), que opera el embalse de Mazar, ha negado rotundamente que el embalse fuera vaciado deliberadamente, como insinuó el secretario de Comunicación de la Presidencia, Roberto Izurieta.
Según la información proporcionada por la compañía, el nivel del embalse ubicado en la provincia andina de Azuay, cuya capital es Cuenca, ha experimentado un descenso gradual desde principios de este año. Parece ser que durante este período no ha habido precipitaciones suficientes para permitir su recuperación.
Sin embargo, lo que aun no se sabe es por cuánto tiempo más continuarán los apagones. Pero lo que sí se advirtió es que habría racionamiento durante los dos días de descanso obligatorio que decretó el mandatario, puesto que se realizarán “mantenimiento en las plantas eléctricas, lo que implicará el racionamiento energético en horarios determinados inamovibles”.
